Comisiones Obreras (CCOO) ha vuelto a alzar la voz para denunciar el deterioro del sistema de protección de menores en Canarias, tras hacerse pública una investigación judicial contra una ONG que gestiona la acogida de cerca de 2.000 menores migrantes en el archipiélago. Para el sindicato, este nuevo escándalo no es un caso aislado, sino una evidencia más del fracaso del modelo privatizado, marcado por el descontrol, la opacidad y la lógica del beneficio económico por encima del bienestar infantil.
En un comunicado difundido este lunes, CCOO afirma que el modelo de gestión externalizado ha convertido muchos centros de protección en “espacios donde prima la lógica empresarial por encima del interés superior del menor”. La organización sindical acusa a las administraciones públicas de haber delegado funciones esenciales sin establecer mecanismos de control efectivos ni garantizar estándares mínimos de calidad en la atención.
Además, alertan sobre las “condiciones laborales precarias” que afectan a las plantillas que trabajan en estos centros. Según el sindicato, los equipos sufren agresiones, altos niveles de estrés, rotación constante y contratos temporales mal remunerados. “Esta precarización alimenta la inseguridad, la sobrecarga emocional y el desgaste profesional de quienes realizan una labor tan sensible como imprescindible”, advierten.
En respuesta a esta situación, CCOO exige:
- Una auditoría pública e independiente del sistema de protección de menores, con especial atención a los recursos gestionados por entidades privadas.
- La reversión progresiva de la externalización y la recuperación de la gestión directa por parte de las administraciones.
- La mejora de las condiciones laborales y formativas de los profesionales del sector, con equipos estables, cualificados y con ratios adecuadas.
- La aplicación efectiva del interés superior del menor, garantizando entornos seguros, educativos y afectivos para su desarrollo integral.
El sindicato considera que esta nueva crisis debe ser el punto de inflexión para una reforma estructural profunda del sistema de protección de menores en Canarias. “No puede quedarse en una simple anécdota mediática”, advierten, y llaman a actuar con valentía para poner en el centro a los menores, a los profesionales y a los principios de justicia social.
