El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este jueves, 26 de diciembre, el proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que será remitido al Parlamento regional para su debate y eventual aprobación. La normativa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los residentes, limitar la expansión descontrolada de la vivienda vacacional y proteger el mercado residencial.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, destacó en rueda de prensa que este texto es el resultado de más de un año de diálogo con diversos actores, incluyendo administraciones locales, asociaciones y expertos. “Hemos buscado el máximo consenso posible para garantizar una ley justa y sostenible”, afirmó. El Consejo Consultivo de Canarias ha avalado el proyecto, subrayando su enfoque en priorizar los derechos de los residentes y la sostenibilidad.
Restricciones y medidas clave
Entre las principales medidas de la ley, destaca la imposibilidad de implantar nuevas viviendas vacacionales sin un planeamiento urbanístico que lo autorice, lo que deberá ser decidido por los 88 ayuntamientos de Canarias en los próximos cinco años. Además, las viviendas de nueva construcción no podrán destinarse al alquiler vacacional durante los diez años siguientes a su edificación, garantizando así su permanencia en el mercado residencial.
La normativa también prohíbe el uso turístico de las viviendas de protección oficial y limita la posibilidad de dedicar edificios completos al alquiler vacacional en zonas residenciales. La consejera explicó que “esta regulación busca proteger el derecho a una vivienda digna a precios asequibles”.
Impacto para los actuales operadores
El proyecto de ley permite que los pequeños propietarios que explotan actualmente sus viviendas de forma legal puedan continuar su actividad indefinidamente, aunque este derecho no será transmisible. Los explotadores no propietarios tendrán un periodo inicial de cinco años, prorrogable bajo ciertas condiciones.
Para iniciar nuevas actividades, se mantendrá el requisito de la declaración responsable, pero esta deberá incluir documentación técnica que garantice condiciones como la accesibilidad, la seguridad y la salubridad.
Próximos pasos
El proyecto será registrado ante el Parlamento de Canarias y comenzará su tramitación legislativa en enero, bajo procedimiento de urgencia. Durante este proceso, los grupos políticos podrán presentar enmiendas para enriquecer el texto. La consejera aseguró que “las viviendas que hoy son legales y cumplen con la normativa vigente seguirán siéndolo con esta ley”, reafirmando la intención de preservar los derechos de los operadores actuales que actúan dentro de la legalidad.
