Una decisión judicial poco habitual ha sorprendido en el ámbito jurídico canario. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha revocado una condena de cuatro años de prisión por estafa dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas en febrero de este año, al estimar que la víctima “no guardó las mínimas precauciones” para evitar el engaño.
La sentencia, fechada el 30 de septiembre de 2025, aplica la denominada doctrina de la autotutela, una interpretación jurisprudencial excepcional que exime de responsabilidad penal al acusado cuando la conducta de la víctima se considera tan negligente que rompe la relación causal del engaño.
Según recoge el fallo, el acusado —un ciudadano italiano— se había hecho pasar por agente inmobiliario con amplia experiencia en el sector, logrando que una misma persona le entregara un total de 246.000 euros entre noviembre de 2020 y febrero de 2022. En cinco operaciones distintas, el supuesto intermediario ofreció oportunidades ficticias de inversión inmobiliaria en El Cotillo (Fuerteventura), Sardina del Sur (Gran Canaria), Santa Cruz de Tenerife y Costa Calma (Fuerteventura).
Cada una de las transacciones, subraya el tribunal, se realizó sin que existiera garantía alguna ni documentación real sobre los inmuebles ofertados. Pese a ello, la víctima realizó transferencias y cheques por importes que oscilaron entre 12.000 y 60.000 euros, repitiendo el mismo patrón durante más de un año y medio.
El acusado llegó incluso a devolver 100.000 euros cuando tuvo conocimiento de que el afectado había iniciado acciones judiciales contra él. La Audiencia Provincial lo había condenado a prisión y a multa por un delito de estafa, pero el TSJC considera que la víctima actuó con una “falta de cautela extraordinaria”.
El fallo destaca que “cualquier persona mínimamente normal no hubiera caído en el engaño”, y añade que se trata de “demasiado dinero, demasiadas entregas sucesivas y demasiado tiempo para entender que el querellante estaba siendo engañado”. La Sala entiende que las circunstancias del caso “apuntan más bien a intereses de otro tipo que pueden subyacer ante tan altas, sucesivas y dilatadas operaciones, todas iguales, sin signo alguno de realidad”, por lo que concluye que “no hay conducta delictiva” y procede a absolver al acusado.
La aplicación de esta doctrina no es frecuente en el derecho penal español, pero el tribunal recuerda que ya existen precedentes en los que se ha eximido de responsabilidad al acusado cuando el perjudicado actúa con una temeridad evidente o renuncia voluntariamente a comprobar la veracidad de los hechos.
La sentencia ha generado sorpresa en el ámbito jurídico por su carácter inusual y por el volumen de dinero implicado, más de un cuarto de millón de euros, así como por la valoración de la conducta de la víctima, a la que el tribunal atribuye una responsabilidad decisiva en el resultado del caso.
