El dolor de Lola Monjero no mengua. Siete años después de la muerte de su hijo Pedro en el Hospital General de Fuerteventura, esta madre sigue esperando que la justicia determine si hubo responsabilidades penales en un proceso que ella describe como “una suma de fallos” que desembocaron en una tragedia evitable.
El juicio, previsto para hace unas semanas, ha vuelto a suspenderse. El motivo: los peritos no podían asistir a las tres jornadas señaladas por la jueza.
La Fiscalía solicita penas de dos años y medio de prisión para cinco médicos: tres facultativos de Urgencias, un especialista digestivo y un cirujano. Además, uno de los profesionales implicados —el anestesista que participó en la intervención quirúrgica— está en busca y captura tras no haberse presentado a declarar. La familia ha pedido que el juicio avance sin él si continúa desaparecido.
Una prueba dudosa y un tratamiento que no debió administrarse
Pedro llegó a Fuerteventura con diagnóstico previo de enfermedad de Crohn. Su especialista decidió administrarle un tratamiento inmunosupresor que reducía sus defensas y exigía descartar antes infecciones como la tuberculosis. Sin embargo, la prueba realizada —la conocida Mantoux— no ofreció un resultado claro. Según Monjero, “parece ser que en medicina no hay el término dudoso… Si esta prueba no es concluyente, tendrán que hacerle otra”.
No se hizo. Aun así, el tratamiento se inició.
Poco después, a finales de noviembre de 2017, Pedro comenzó a sufrir fiebres muy elevadas, de hasta “39,8 o 40 grados”, además de un deterioro generalizado. Acudió cuatro veces a Urgencias.
En una de ellas fue diagnosticado de infección de orina pese a que, según su madre, “las analíticas, las flechas iban arriba y abajo todas… No tenía nada en sus parámetros normales”. El propio Pedro se lo dijo: “Mamá, me dicen que tengo una infección de orina, pero yo no tengo una infección de orina”.
La confianza en su especialista digestivo —que lo atendió en Urgencias y en consulta— les llevó a continuar un tratamiento que no mejoraba su estado. El 9 de enero, el médico insistió: “Es lo mejor que hay, hay que darle tiempo”.
Una operación tardía y un diagnóstico devastador
El 29 de enero de 2018, Pedro llegó al hospital en estado crítico: sangrados, pérdida extrema de peso y deshidratación evidente. Ingresó y fue operado al día siguiente.
El cirujano informó a la familia de que el intestino delgado presentaba “múltiples microperforaciones”, lo que obligó a retirarlo casi por completo. Tras una semana en planta sin mejora, fue trasladado a la UCI el 5 de febrero. Allí recibieron el diagnóstico definitivo: “Tu hijo tiene una neumonía bilateral… y tiene una tuberculosis y ya la tiene en la médula y no van a poder hacer nada por él”.
Pedro falleció el 18 de febrero de 2018. “Mi hijo no tenía que estar muerto”, repite hoy su madre, apoyándose en el informe forense y en la investigación judicial, que concluyen que la muerte pudo haberse evitado.
“Nadie me dio una explicación”
Más allá de la pérdida, Lola denuncia el desamparo que vivió en el hospital. “Nadie me dio una explicación… Desaparecido todo el mundo”, recuerda. Tras pedir una reunión con responsables, solo fue recibida por “la jefa de las enfermeras, que ni sabía ni había visto a mi hijo en la vida”.
A su juicio, existió un patrón de descoordinación y falta de seguimiento. “Han pasado por un montón de médicos que nadie ha mirado una analítica, nadie ha mirado un informe…”. Su lucha ahora, recalca, es evitar que otros pacientes vivan algo similar: “No quiero que ningún niño vuelva al hospital y se encuentre en esta situación”.
El duelo suspendido
La emoción atraviesa toda la entrevista. Lola no pide cárcel. “Es Fiscalía”, remarca. Pero sí verdad. “Solo busco justicia”. Explica que la causa está en segunda instancia: “En la primera, la jueza aquí dijo que no veía indicios de delito, pero en Las Palmas sí que han visto indicios”. Siente que no puede cerrar el duelo hasta que haya una resolución. “Yo necesito liberarme de esta carga”, confiesa, y añade: “Aún tengo la sensación de que lo tengo aquí sujeto por una mano hasta que esto pase”.
Un duelo detenido. Una madre que no deja de reclamar claridad. Y un sistema judicial que vuelve a aplazar la respuesta que lleva siete años esperando.
