La concejala de Urbanismo de Puerto del Rosario, Ana Hernández, explicó la complejidad del expediente de la urbanización Marlape, en Playa Blanca, sobre la que pesa una resolución firme de demolición.

Si el Sareb, titular de los inmuebles, no actúa y culmina el procedimiento sancionador —que contempla hasta diez multas coercitivas—, el Ayuntamiento valorará cómo proceder a la ejecución por fases, con el objetivo de restablecer la legalidad urbanística.

“Urbanísticamente es ilegal, no existe licencia urbanística para ese desarrollo”, insistió Hernández, recordando que las 85 viviendas afectadas y actualmente ocupadas se construyeron sin título habilitante ni garantías de seguridad.

Tras las denuncias vecinales, el expediente de disciplina y restablecimiento de la legalidad se tramitó con rigurosidad técnica y jurídica. “La responsabilidad del político es velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas. Todo aquello que se haga al margen de la ley pone en riesgo la seguridad y los derechos de quienes sí cumplen”, subrayó.

Legalización y propuestas privadas

Sobre una posible regularización, Hernández señaló que “sí se podría haber legalizado, pero el tipo de suelo lo impide”, aunque no descarta un escenario futuro de recuperación.

“Hay empresarios interesados en comprar y restablecer la legalidad. Es complicado, pero si se hace conforme a la ley, con sus viales y su cesión del 10%, se podría tratar como un nuevo desarrollo”, explicó.

De no materializarse esta opción, el Ayuntamiento procederá a la demolición, una ejecución que cuenta con un plazo máximo de diez años, aunque “no se prevé agotar ese periodo”. La edil no descarta iniciar el derribo durante esta legislatura.

“Los okupas no irán antes que quienes esperan una vivienda pública”

El Ayuntamiento garantiza que se atenderá la situación social de las familias residentes, pero sin otorgar privilegios.

“Los okupas de Marlape no se van a quedar en la calle, pero tampoco van ellos antes que otras personas que están en la lista de Vivienda de Protección Oficial”, afirmó Hernández. La concejala recordó que los informes sociales confirman que la mayoría de los residentes no se encuentran en situación de vulnerabilidad real.

En paralelo, anunció que el Ayuntamiento ha reactivado nuevas promociones públicas: 77 viviendas, de las cuales 22 ya tienen licencia y movimiento de tierras, además del desarrollo de los planes parciales R1 y R7.

“Nuestra responsabilidad política es cumplir con la ley, pero también impulsar la oferta de vivienda que tanto necesita el municipio”, recalcó.

Rosa del Lago: un proyecto heredado e inmodificable

Hernández también abordó la urbanización Rosa del Lago, un plan parcial turístico con 2.500 camas cerca de Puerto Lajas.

Explicó que la licencia data de 1989 y fue reactivada en 2020. El Plan General de Ordenación Urbana de 2017 ya incorporó este desarrollo, por lo que la corporación no puede impedir su ejecución, dado que los promotores cedieron en su momento el 10% de la superficie obligatoria.

“Desde Coalición Canaria entendemos que ese no es el modelo turístico que queremos para Puerto del Rosario. No vamos a permitir ampliaciones ni una modificación del plan parcial”, advirtió.

De momento, se descartan la playa artificial, sin permisos, y el campo de golf, que “no cuenta con autorización final”, mientras se negocia con los empresarios reducir el número de camas.

El Charco: primer informe negativo contra la ampliación de la central

La edil confirmó que Urbanismo ha emitido el primer informe negativo contra la ampliación de la central eléctrica de El Charco, oponiéndose a la instalación de un transformador.

“Por primera vez se ha hecho un informe claro, técnico y jurídico, donde se dice no”, indicó Hernández, denunciando que el proyecto “está fuera de ordenación” según el plan general. “El Gobierno de Canarias nos quitó las competencias con el famoso 6B, pero aquí estuvieron acertados luchando por ese desmantelamiento”, añadió.

El Ayuntamiento ya ha presentado alegaciones al Plan Energético Estatal y confía en que el documento incluya el traslado de la central fuera del entorno urbano. “Si no lo incluyen, entonces se han reído de nosotros y de todos los que aquí residimos”, concluyó Hernández.