La consejera de Turismo, Jessica de León, ha conseguido aprobar una de las leyes más complejas y controvertidas de la legislatura: la nueva Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda en Canarias, que busca frenar la expansión de las viviendas vacacionales y garantizar el acceso a la vivienda para los residentes.

La norma salió adelante este miércoles en el Parlamento de Canarias con los votos favorables de Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Herreña Independiente y Agrupación Socialista Gomera, y el rechazo de PSOE, Nueva Canarias y Vox, en una votación que reflejó la falta de consenso y las profundas divisiones en torno al modelo turístico del Archipiélago.

Según recoge el texto, el objetivo principal es evitar la gentrificación y el desplazamiento de los residentes de las zonas más turísticas, así como garantizar un equilibrio territorial y ambiental en el uso del suelo. A partir de ahora, el uso turístico de una vivienda pasará a considerarse una actividad económica o de hospedaje, y solo podrá realizarse cuando el planeamiento urbanístico municipal lo autorice expresamente.

Los ayuntamientos tendrán la competencia de determinar en qué zonas del municipio se permite la implantación de viviendas turísticas, con criterios basados en sostenibilidad y capacidad de carga. Además, el 80 % del suelo residencial deberá destinarse a vivienda habitual, cifra que se eleva al 90 % en municipios con alta presión turística. En cambio, en las islas verdes y zonas con despoblación se podrá flexibilizar el porcentaje para favorecer el desarrollo local.

La ley establece que las nuevas viviendas no podrán destinarse directamente a uso turístico, sino que deberán haber servido previamente como residencia habitual durante un periodo mínimo. También prohíbe expresamente el alquiler vacacional en viviendas protegidas (VPO), suelos rústicos y espacios naturales protegidos, salvo autorización ambiental justificada.

Jessica de León reconoció la dificultad del proceso: “Ha sido una ley muy complicada de tramitar, difícil de interiorizar, explicar y gestionar en plazo, pero necesaria para ordenar un fenómeno que afecta al acceso a la vivienda en todas las islas”, afirmó la consejera, que agradeció el apoyo de los grupos que respaldan al Ejecutivo autonómico.

Desde la oposición, PSOE y Nueva Canarias criticaron que la ley se haya aprobado sin consenso y sin aceptar ninguna de sus enmiendas. El diputado socialista Gustavo Santana denunció que la norma ha provocado un “efecto llamada” al no suspender las licencias durante su tramitación, período en el que se registraron más de 32.000 nuevas viviendas vacacionales, superando las construidas en las últimas tres décadas.

Por su parte, Esther González, de Nueva Canarias, acusó al Gobierno de “entregar las llaves del futuro de Canarias a los grandes empresarios turísticos” y de castigar a las familias canarias que alquilan su vivienda para llegar a fin de mes. Desde Vox, la diputada Paula Jover calificó la ley de “injusta y confiscatoria”, argumentando que “no soluciona nada y empeora todo”.

Las patronales turísticas han mostrado posturas enfrentadas. Mientras la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife (Ashotel) ha apoyado la norma por considerar que ordena un mercado saturado, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) la ha tildado de “aberración contra los pequeños propietarios”.

En un comunicado emitido tras la aprobación, ASCAV lamentó que “CC y PP hayan sacado adelante esta ley sin consenso, eliminando a las familias canarias del sector para favorecer a los grandes beneficiarios de siempre”, y advirtió de que “no solucionará el problema del acceso a la vivienda ni frenará el encarecimiento”. La asociación asegura que continuará luchando por los pequeños propietarios, a los que considera los más perjudicados por la nueva regulación.

Con la publicación de la norma en el Boletín Oficial de Canarias, prevista en los próximos días, la ley entrará en vigor al día siguiente. Será entonces cuando comience su aplicación real, marcando un antes y un después en la gestión del turismo residencial en el Archipiélago y poniendo a prueba la capacidad de los municipios para diseñar un modelo equilibrado entre la economía turística y el derecho a la vivienda.