Numerosos testigos presenciales afirman que la fiesta no duró 5 minutos, como dice la alcaldesa, sino que comenzó al menos una hora antes y se extendió hasta pasada la medianoche
La alcaldesa había autorizado por decreto actividades musicales en la plaza Félix Estévez. Dos días antes de la fiesta, el grupo de Gobierno de La Oliva aprobó unos presupuestos para 2021 que reducen la plantilla de la Policía Local
Los grupos de Coalición Canaria y Nueva Canarias en el municipio de La Oliva exigen más explicaciones a la alcaldesa de La Oliva (Gana Fuerteventura), Pilar González, y a sus socios de Gobierno del Partido Socialista y En Marcha que lideran Julio Santana y Pedro Amador, este último, además, concejal de Seguridad Ciudadana, por haber autorizado actuaciones musicales en la Plaza Félix Estévez, donde se produjo una fiesta multitudinaria en la medianoche de Fin de Año, con cientos de personas congregadas sin mascarillas, y sin respetar la distancia de seguridad.
Isaí Blanco como anterior alcalde de CC, y Oliver González como representante de NC, se han pronunciado en nombre de estos dos grupos, considerando que las explicaciones que dio de la alcaldesa de La Oliva al día siguiente de los hechos son insuficientes, inciertas, y además ocultan una parte importante de la verdad.
La alcaldesa afirmó en un comunicado que fue una concentración espontánea y que se disolvió a los cinco minutos, cuando numerosos testigos presenciales han informado que comenzó al menos una hora antes, coincidiendo con el cierre de los establecimientos a las 23:00 horas, y que se extendió hasta pasada la medianoche. Lo que no dice la alcaldesa es que ella misma había autorizado por decreto actividades con música en la Plaza Félix Estévez desde al pasado 10 de diciembre, sin informes técnicos que lo apoyaran, y dificultando con ello enormemente la labor de la Policía Local.
Además, otros vecinos han informado que se produjeron concentraciones similares en al menos otros dos puntos de la localidad de Coralejo, no sólo en la Plaza Félix Estévez.
La responsabilidad de lo ocurrido no es de la Policía Local, que hace lo que puede con un número reducido de efectivos, sino de la dirección política del Ayuntamiento, por no tomar medidas preventivas al respecto, más aún cuando está favoreciendo este tipo de concentraciones al suspender por decreto las medidas antiCovid en ciertos espacios públicos.
No olvidemos que sólo dos días antes del fin de año, el 29 de diciembre, el grupo de Gobierno (Gana, PSOE y En Marcha), con el apoyo de PP y Podemos, aprobaron en pleno los Presupuestos de 2021, en el que se reduce en una plaza la plantilla de la Policía Local. En el caso de PSOE y en Marcha es aún más grave, pues los dos primeros tenientes de alcalde, Julio Santana y Pedro Amador, han prometido en decenas de ocasiones que aumentarían los efectivos de la Policía Local. Lo que han hecho es reducir el número de policías a las primeras de cambio, y además le han pasado la responsabilidad de esta decisión a la alcaldesa, que ostenta las competencias de Personal en el Ayuntamiento.
Todo lo ocurrido nos parece reprobable y vergonzoso, tanto las manifestaciones de la alcaldesa, por no decir la verdad, y por querer escurrir el bulto ocultando que lo ocurrido es consecuencia directa de sus decisiones, como también la actitud de sus socios, echando la culpa a la alcaldesa de reducir la plantilla de la Policía Local. Cuando se gobierna en un pacto, la responsabilidad es compartida.
Por todo ello, los ocho concejales de Coalición Canaria y Nueva Canarias exigimos en primer lugar más explicaciones a la alcaldesa, que diga la verdad de lo ocurrido, pero sobre todo, que adopten ella y sus socios de gobierno medidas inmediatas para evitar que estos hechos lamentables vuelvan a repetirse.
Dice la verdad la alcaldesa en una cosa, y es que la mayoría de la gente cumple con las normas. Pero precisamente por eso, su deber es garantizar que quienes no las cumplen respondan por sus actos. Todas las personas, comercios, empresarios, el sector turístico al completo, se ven perjudicados por la actitud irresponsable de los dirigentes del municipio cuando, tanto por acción como por inacción, ponen en peligro la salud de la población.
