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Una delegación jurídica canaria ha denunciado haber sido bloqueada e impedida de desembarcar en el aeropuerto de El Aaiún, en el Sáhara Occidental, durante una misión humanitaria y de verificación de derechos humanos entre los días 15 y 18 de marzo. La misión, comisionada por el Consejo General de la Abogacía Española y desarrollada por la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS), tenía como objetivo el análisis de la situación de los derechos humanos y la gestión de los recursos naturales del Territorio No Autónomo.
La delegación estaba integrada por las juristas Inés Miranda Navarro, Dolores Travieso Darias, Flora Marrero Ramos y el técnico Silvestre Suárez Fernández. A pesar de tener todo preparado para el despliegue de su labor en territorio saharaui, fueron interceptados en el interior del avión por agentes marroquíes antes incluso de bajar del aparato. Según relató Inés Miranda, “se pusieron dos personas en la puerta del avión, no se identificaron, no nos pidieron el pasaporte, entraron dentro del avión, por lo cual estaban en territorio español y nos impidieron la entrada”.
La jurista calificó el suceso como un acto de intimidación que generó temor entre las integrantes de la misión. “Yo he pasado miedo, mis compañeras y yo hemos pasado miedo porque no sabíamos lo que iba a pasar”, expresó visiblemente afectada. Según su relato, el comandante del avión no reaccionó ante la entrada de los agentes marroquíes, y la tripulación les obligó finalmente a recoger las tarjetas de embarque, advirtiéndoles de posibles consecuencias legales por interferir supuestamente el tráfico internacional.
El episodio ha sido calificado por la delegación como una violación flagrante del derecho internacional. Miranda destacó que intentaron entregar a las autoridades marroquíes una serie de documentos dirigidos al presidente del Gobierno de España, al de Canarias, al secretario general de la ONU y a la presidenta del Parlamento Europeo, entre otras autoridades, en los que se detallaba el objeto de la misión jurídica. “Ni siquiera quisieron recogerlos. Mi compañera intentó inclusive tirárselos, y los agentes los devolvieron”, añadió.
La misión tenía entre sus objetivos reunirse con familiares de presos políticos y de conciencia saharauis, con colectivos de mujeres, organizaciones sociales como ISACOM y ASVDH, así como verificar las condiciones de vida bajo la ocupación marroquí.
Desde el Consejo General de la Abogacía Española y IAJUWS se ha subrayado la importancia de esta misión como parte de un trabajo continuado desde 2002. En palabras de una portavoz de la asociación, “esta misión jurídica tenía un especial interés en hacer seguimiento de las condenas de los presos políticos saharauis. Hay 34 presos, 9 de ellos condenados a cadena perpetua por tribunales que vulneran el Cuarto Convenio de Ginebra”.
El incidente ha sido considerado como una muestra más de la represión ejercida por Marruecos en el Sáhara Occidental. La delegación ha denunciado que, a pesar de estar en una aeronave aún en territorio español, el comandante del vuelo permitió lo que definen como una “ocupación del avión por fuerzas extranjeras”.
A su llegada a Canarias, la Guardia Civil solicitó la identificación de los miembros de la misión, algo que también ha causado desconcierto en la delegación. “Nos extrañó que nos pidieran la documentación al bajar, cuando ya estábamos identificadas al embarcar”, afirmó Miranda.
La misión jurídica ha reiterado su compromiso con el pueblo saharaui y su derecho a la autodeterminación. La delegación ha anunciado que trasladará los hechos a instancias internacionales y continuará su trabajo de denuncia y visibilización. “Solo queremos decir: ¡Viva el Sáhara libre!”, concluyó Miranda.
