Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha decidido hacer el trabajo al Gobierno de las dos derechas canarias y ha presentado una actualización integral de la ley de transporte por carretera de 2007, que será defendida en el pleno del Parlamento que comienza mañana martes por la portavoz parlamentaria en la materia, Esther González. Una propuesta legislativa basada en el consenso alcanzado por la Mesa del Transporte de Canarias, integrada por los sectores económicos, sociales y las administraciones públicas competentes y con la que se responde a la necesidad de cumplir con la normativa estatal, europea y la promoción de la movilidad sostenible en el Archipiélago.
El presidente y el portavoz parlamentario de NC-BC, Román Rodríguez y Luis Campos, respectivamente, informaron hoy de la enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Ejecutivo que modifica parcialmente la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera y que deriva de un decreto ley convalidado a finales del pasado mes de julio en la Cámara con la abstención del canarismo de progreso.
Un decreto ley con el que, como recordaron Rodríguez y Campos, Nueva Canarias-BC sólo estaba de acuerdo con la aplicación de una moratoria de un año a la concesión de nuevas licencias de los vehículos de transporte con conductor (VTC) ante la avalancha de solicitudes registradas, en torno a unas 8.000, y la necesidad de fijar criterios objetivos por parte de las administraciones públicas canarias.
Las otras modificaciones de la ley de 2007, incluidas en el decreto de CC y el PP, para el canarismo de progreso, son una “chapuza y carecen del consenso” del sector, lo que justifica la presentación de la enmienda a la totalidad que incluye una propuesta de ley “rigurosa y general” de 113 artículos, 12 disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, otra derogatoria y dos finales.
Román Rodríguez, quien recordó que el Gobierno tiene competencias exclusivas en la materia, mantuvo que NC-BC “ha hecho el trabajo” al Ejecutivo “más grande y caro de la historia” de la comunidad al presentar el texto legislativo alternativo “discutido y consensuado” con la Mesa de Transporte a finales de la pasada legislatura del pacto de progreso.
Oportunidad
El presidente de NC-BC afirmó que se trata de una propuesta que ofrece una “gran oportunidad” para actualizar la norma de 2007, que es vital para el sector en el Archipiélago. Aunque expresó los temores a que los grupos parlamentarios que sustentan al gabinete presidido por Fernando Clavijo (CC, el PP, la ASG y la AHI) tumben la enmienda a la totalidad sólo por ser una iniciativa de la oposición, aunque sea “constructiva y con aportaciones para solucionar” los retos a afrontar por esta modalidad del transporte.
Luis Campos expuso algunos de los contenidos más relevantes. El portavoz canarista aseguró que NC-BC da una respuesta a uno de los grandes olvidados por el Ejecutivo de CC y el PP. Se trata, como aseguró, de la figura del usuario.
Otro aspecto destacado, en la propuesta legislativa de NC-BC, es la adaptación a la modificación del reglamento estatal de ordenación del transporte terrestre de 2019 que exige un solo vehículo para acceder a la profesión de transportista, sea de viajeros como de mercancías.
Al igual que la normativa estatal, añadió Campos, requiere una única tarjeta para las distintas modalidades del transporte discrecional, lo que implica la supresión de las trabas burocráticas existentes en la actualidad en las islas.
Una cuarta propuesta subrayada fue la creación de diferentes instrumentos de planificación “jamás desarrollados” en la norma en vigor, como el eje insular de transporte, las directrices de ordenación sectorial, el plan estratégico y el registro de operadores.
Román Rodríguez recordó que, además de la propuesta legislativa de actualización integral de la ley de transporte por carretera, NC-BC registró a finales del pasado mes de julio otra proposición de ley que el Gobierno de Clavijo puede vetar o estar de acuerdo con la tramitación. Se trata de la propuesta para restituir la bonificación del 99,9 por ciento del impuesto del combustible a los transportistas, agricultores y ganaderos que suponen más de 20.000 autónomos, pymes y microempresas en todo el Archipiélago. Una petición que, a través de una proposición no de ley impulsada por NC-BC, contó con el apoyo unánime del Legislativo, señaló Román Rodríguez.
