La guerra de Rusia en Ucrania lleva a Europa a dirigir la mirada a España en su estrategia de repotenciación de las energías renovables para limitar la dependencia del exterior. Las comunidades autónomas se preparan para agilizar nuevos concursos que faciliten la rápida implantación de sistemas de energía renovable.
Un escenario nuevo que supone un peligro para la Isla de Fuerteventura por la falta de un planeamiento y que puede llevar “a que se implanten placas fotovoltaicas y molinos, en prácticamente cualquier lugar del territorio. Es una catástrofe”, denunció el arquitecto y ecologista Luis del Pozo en una entrevista este viernes en La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular.
La falta de previsión y la irresponsabilidad política, especialmente de los últimos presidentes y consejeros de Ordenación del Territorio del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta y Sergio Lloret, “nos llevan a que en este contexto, de presión y un crecimiento exponencial, estemos sin ningún elemento de planeamiento disponible que limite la implantación de las energías en lugares de menor impacto”.
De esta manera, criticó que se haya dado inicio de nuevo a la elaboración del Plan Insular de Ordenación del Territorio “cuando ya estaba prácticamente el 90% elaborado” y, además, no se haya aprobado ya un plan territorial sectorial que regule la instalación de los sistemas.
En esta línea, recalcó que próximamente se verán las consecuencias de la falta de regulación con la materialización de todos los parques solares previstos, que tienen licencia ya otorgada, y que dibujarán el perímetro de Puerto del Rosario e impedirán su desarrollo.
Firmas para frenar el PGOU de La Oliva
Luis del Pozo también dio cuenta las más de 2.600 firmas que las entidades que integran la Mesa de Participación de La Oliva están recabando, a través de la plataforma Change. org para exigir la paralización del expediente del Plan General de Ordenación Urbana de La Oliva.
Un expediente que, destacó, falla en la forma “porque no ha habido un proceso de participación ciudadana” y, además, “no se ha sido transparente ni franco con la ciudadanía”, insistió. El documento, a su juicio, tiene espíritu desarrollista en el sentido de que posibilita el desarrollo urbano de muchas zonas contempladas en las normas subsidiarias y que no se llegaron a desarrollar.
Entre otras cuestiones, también trataría de dar cobertura legal a la situación de Origomare, en Majanicho. En este punto, la periodista y activista ambiental Sofia Menéndez, destacó que el Ejecutivo de Canarias está elaborando un informe medioambiental “ad hoc” para dar amparo una vez que se ha construido, “algo que no tiene sentido”.
Para la ecologista, “es preocupante que todavía haya gente comprando y vendiendo casas ahí” y confía en el precedente sentado por la sentencia de Valdecañas, “la Marbella extremeña”, donde el Supremo ha ordenado el derribo de la lujosa urbanización.
En la misma línea analizaron la situación de los Hoteles Riu Oliva Beach y Tres Islas. Del Pozo fue más allá e indicó que el verdadero problema es el tema laboral y lamentó que ningún sindicato ni formación política haya puesto sobre la mesa las prejubilaciones y las indemnizaciones.
Por último, el representante de la urbanización Tamaragua, Daniel Bastos, denunció la situación de la urbanización desde su construcción, hace más de quince años. Criticó que a pesar de que todos los vecinos han contribuido con sus impuestos y el pago del IBI durante todo este tiempo, poco o nada se ha invertido en el lugar.
