Mario Cabrera denuncia la degradación de los servicios que prestan los bancos en Canarias

Mario Cabrera advierte que esta degradación de los servicios “es especialmente importante en las islas no capitalinas, en pueblos y áreas de población diseminada, pero también se puede observar en cualquier ciudad. Afecta especialmente a las personas mayores”.

Las administraciones públicas han venido adoptando medidas en los últimos años que en la práctica obligan a todos los ciudadanos a recurrir a estas entidades bancarias para hacer sus gestiones de pagos, impuestos, tasas municipales o incluso parking de vehículos o pago de guaguas. El pago en efectivo ha desaparecido en la práctica, poniendo por lo tanto todas las condiciones a favor de los bancos.

Sin embargo, las recientes absorciones de entidades bancarias han reducido las ya escasas posibilidades de competencia empresarial, creando de facto un ‘cártel’ bancario que deja a los clientes sin opciones alternativas. Especialmente en núcleos de poca población y en las islas capitalinas.

“En las oficinas bancarias podemos observar a día de hoy cómo se suceden las colas de clientes que incluso tienen que esperar en la calle para poder ser atendidos de forma presencial, por un personal que se  ha ido reduciendo progresivamente y acaba saturado de trabajo”, explicó.

“Esta situación afecta especialmente a las personas mayores, a quienes no sólo se les obliga a esperar en pésimas condiciones en la calle, sino que luego se les dirige a intentar operar con plataformas informáticas o cajeros que no entienden ni están pensadas para ellos”, explicó Mario Cabrera.

Por no hablar de que las condiciones bancarias (tasas, cuotas de mantenimientos, cuotas de gestión, cuotas de uso de tarjetas bancarias, etc.) son cada vez más gravosas para los usuarios y en especial para las personas mayores.

El objetivo de esta iniciativa es que el Gobierno de Canarias asuma de oficio la investigación sobre la situación del sector bancario en Canarias. Con especial atención a la degradación del servicio que se viene prestando a las personas mayores, a las familias con escasos recursos y en las zonas rurales  y localidades más alejadas de los núcleos capitalinos.

Se pretende además que el Gobierno actúe ante esta deriva, exigiendo el respeto a los derechos de los consumidores, velando por la libre competencia y evitando situaciones de abuso empresarial como las que venimos percibiendo.