La denuncia se centra en la publicación de un vídeo en el que la joven, que participó el pasado 6 de febrero en un acto en Puerto del Rosario para visibilizar la problemática de la mutilación genital femenina, es utilizada fuera de contexto para vincular su testimonio con discursos de criminalización de la inmigración.
El contenido de la publicación en Telegram
En la publicación del canal de Telegram de Alvise Pérez, donde cuenta con más de 697.000 suscriptores, se afirma que las fuerzas de seguridad identifican la «llegada masiva de africanos» como «causa única» de la importación de la mutilación genital femenina en Canarias. El mensaje, acompañado del vídeo de la joven activista, es acompañado de comentarios políticos en los que se cuestiona la política migratoria y se insta a tomar medidas como la eliminación de la nacionalidad española para personas nacidas en territorio nacional en situación irregular.
Además, en la publicación se menciona que Pérez pretende organizar «la mayor redada de la historia de España» para detener a inmigrantes en situación irregular, lo que ha generado una gran controversia en redes. Mafrocan considera que este tipo de discursos incitan al odio y fomentan la discriminación hacia la comunidad migrante y racializada.
Uso no autorizado de material audiovisual
Según ha podido averiguar este medio, el vídeo utilizado por Alvise Pérez pertenece a la ACFI-PRESS: Agencia Canaria de Noticias y Audiovisuales, y su uso en el canal del eurodiputado no estaría autorizado. Esta difusión no consentida podría constituir un nuevo delito, ya que la utilización indebida de material audiovisual sin permiso infringe los derechos de autor y de propiedad intelectual.
La difusión del vídeo en este contexto ha generado preocupación tanto en Mafrocan como en sectores periodísticos y jurídicos, que advierten de las posibles consecuencias legales para Pérez si se demuestra que ha incurrido en un uso ilícito del material.
Mofas y reacciones tras la denuncia
Tras trascender la denuncia a los medios de comunicación, Alvise Pérez se ha mofado de la situación en su canal de Telegram. En una publicación reciente, descalificó a Mafrocan y a la denunciante, minimizando la gravedad de los hechos y generando más comentarios de odio entre sus seguidores.
Este comportamiento ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales y un aumento de la presión sobre las autoridades para que investiguen no solo la denuncia por delito de odio, sino también la posible infracción de los derechos de imagen y de propiedad intelectual.
Llamado a medidas legales y sanciones
Mafrocan recuerda que el artículo 197 del Código Penal establece penas de prisión de uno a cuatro años y multas de 12 a 24 meses para quienes vulneren la intimidad de otra persona sin su consentimiento. Asimismo, recalca que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado anteriormente a Alvise Pérez por la difusión no consentida de imágenes de menores, lo que, a su juicio, demuestra un patrón de vulneraciones a la privacidad.
La asociación exige que se establezcan protocolos que impidan la manipulación de testimonios sensibles y que se tomen medidas legales contra la difusión de contenido que incite al odio y la discriminación. También piden apoyo psicológico y legal para la afectada y otras posibles víctimas que puedan verse en situaciones similares.
