El real decreto con el que el Gobierno pretendió restituir la sanidad universal en 2018 ha perpetuado en la práctica la exclusión del sistema a los migrantes y ha abierto una brecha de desigualdad entre comunidades, que van de las más garantistas, como Cataluña o Andalucía, a las menos, como Madrid y Canarias.
El informe “El derecho a la asistencia sanitaria en las comunidades autónomas: Un derecho hecho pedazos” presentado este martes por Yo Sí Sanidad Universal pone de manifiesto realidades como que la atención de urgencia es la única vía de acceso que queda a los migrantes en situación irregular hasta que obtienen, si lo logran, la tarjeta sanitaria.
A través del análisis de la trasposición que han hecho 17 comunidades y Melilla del real decreto de 2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), el estudio revela que 15 comunidades facturan estos servicios sistemáticamente (todas menos Asturias) o se da aviso previo de que se les cobrarán las pruebas realizadas (como es el caso de Euskadi), lo cual tiene un “claro efecto disuasorio”.
En sus respectivas normas, las comunidades no regulan formas para acreditar la identidad y la residencia en territorio español que no sean el pasaporte y el padrón, ni tampoco el procedimiento para recibir asistencia de urgencias en aquellos que están en proceso de obtener el reconocimiento del derecho a la asistencia. Solo ocho incluyen mecanismos para personas que llevan menos de 90 días.
Tal y como han explicado los portavoces de la plataforma Raquel González y Nacho Revuelta, el real decreto, que no llegó a convertirse en ley por el adelanto electoral, no especificaba la necesidad de probar una estancia mínima de 90 días en España para acceder a la sanidad, pero después el Ministerio lanzó unas recomendaciones para el desarrollo reglamentario del mismo que sí incluyeron este requisito.
Lo cual ha dado pie a que 14 autonomías lo apliquen: solo Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha y Andalucía dan cobertura pública ese tiempo y, del resto, únicamente cinco -Aragón, Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura y Navarra- han regulado la posibilidad de acceder mediante un informe social, que se obtiene “no sin barreras”.
Aunque la norma anterior de 2012 que limitó el acceso universal a la sanidad la mantuvo para embarazadas y menores, la de 2018 obvió mencionar estos colectivos, lo que ha fomentado que muchas comunidades les nieguen la atención. “Todas hacen un incumplimiento flagrante de la ley”, ha denunciado Revuelta.
Hasta 14 comunidades niegan la asistencia a personas ascendientes reagrupadas, que tienen como única opción contratar un convenio especial con los servicios de salud que cuesta mensualmente entre 60 y 157 euros; exige además un año de empadronamiento y la aportación farmacéutica del 100 %.
Otro de los problemas es la creación de perfiles poblacionales y las diferentes vías de acceso, que facilita la arbitrariedad en la interpretación de los procedimientos para la obtención del documento certificativo, que en muchos casos se prolonga más allá de un año por las incontables barreras para tenerlo.
En 11 autonomías este documento no es una tarjeta sanitaria, sino “una hoja de papel” que agudiza el trato discriminatorio. “Los centros de salud se han convertido en espacios de control de extranjería”, ha censurado Revuelta.
Según este médico de familia, no hay otro derecho “tan caótico y fragmentado” como el de acceso a la atención sanitaria gracias al “caos y arbitrariedad” de la redacción del real decreto y que no resuelve, en su opinión, el proyecto de ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del SNS que tramita actualmente el Parlamento.
Todo ello lo han ilustrado en un mapa autonómico en el que dibujan la brecha autonómica teniendo en cuenta seis factores: la dificultad para empadronarse y la posibilidad de presentar una alternativa; el acceso los primeros 90 días en situación irregular y en situación de estancia; atención a menores y embarazadas; atención sin documento certificativo y facturación y atención a descendientes reagrupadas.
El resultado es que los migrantes lo tienen algo menos complicado en Cataluña y Andalucía, seguidas de Navarra o Euskadi, pero realmente difícil en Canarias, Madrid, Melilla o Galicia.
Por todo ello, la plataforma exige al Gobierno blindar la universalidad “en una ley sencilla y clara, sin distinciones por situación administrativa, así como promover un desarrollo reglamentario que garantice la homogeneidad en el acceso”, concluye. EFE
