«Madres sin Miedo» denuncia la exclusión de las familias NEAE en el nuevo decreto de convivencia escolar y exige transparencia al Gobierno de Canarias

 

 

 

La Asociación Educativa Madres sin Miedo ha alzado la voz contra lo que considera un nuevo ejemplo de maltrato institucional hacia las familias con hijos e hijas con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). El colectivo ha presentado ante la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias una solicitud formal para suspender la tramitación urgente del Decreto sobre Convivencia Escolar y Bienestar Educativo, actualmente en proceso de aprobación.

Según denuncian, el uso del procedimiento de urgencia reduce los plazos de participación pública a apenas unos días hábiles y deja fuera de las consultas a las familias y al propio alumnado, mientras que otros sectores —como los sindicatos docentes— sí fueron convocados. Para la asociación, esta exclusión contradice los principios de transparencia y participación ciudadana establecidos en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y vulnera el espíritu de colaboración familia-escuela recogido en la Ley Orgánica de Educación.

“Legislar sobre convivencia escolar sin escuchar a las familias es un error profundo. No se puede hablar de bienestar educativo sin la participación activa de quienes acompañamos día a día las necesidades de nuestros hijos”, señalan desde el colectivo.

Madres sin Miedo agrupa a mujeres que, tras años enfrentando las carencias del sistema educativo, decidieron organizarse ante lo que consideran una falta de empatía institucional y una tendencia a culpabilizar a las familias cuando exigen derechos básicos para sus hijos. “Nos hemos sentido atacadas, desacreditadas y silenciadas por el sistema educativo, muchas veces tachadas de locas o desequilibradas simplemente por defender a nuestros hijos”, afirman en su comunicado.

 

El nuevo decreto, apuntan, amplía las competencias de los equipos docentes para decidir sobre medidas de apoyo o itinerarios educativos sin contar realmente con las familias, relegándolas a un papel meramente informativo. Una modificación que, a su juicio, choca frontalmente con los compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos de la infancia y de las personas con discapacidad.

Por ello, la asociación solicita congelar el procedimiento y que se habiliten mecanismos de participación efectivos, como foros públicos informativos, mesas redondas con familias, alumnado y profesionales, y canales accesibles de consulta y aportaciones. Reclaman que el Gobierno canario “escuche antes de legislar” y recuerdan que el decreto, incluso si se aprobara este año, no entraría en vigor hasta el próximo curso escolar, por lo que “no existe justificación real de urgencia”.

“Queremos construir, no confrontar. Pero, que no nos tomen el pelo: construir exige escuchar. La convivencia no se impone, se acuerda. Pedimos transparencia, empatía y voluntad real de diálogo”, concluyen las representantes de Madres sin Miedo.

Más allá del ámbito normativo, el pronunciamiento de la asociación pone sobre la mesa un debate social más amplio: el papel de las familias en la toma de decisiones educativas y la necesidad de garantizar la inclusión real del alumnado con NEAE, que en Canarias representa un porcentaje creciente de la población escolar. Su voz, hasta ahora marginal en los procesos legislativos, reivindica una participación activa y respetuosa que no se limite a la firma de consentimientos, sino que reconozca a las familias como parte esencial de la comunidad educativa.

Desde la organización, anuncian que seguirán trabajando para articular una red de apoyo y denuncia que permita visibilizar las experiencias de cientos de madres y padres que, como ellos, “luchan por una escuela pública inclusiva, empática y verdaderamente justa”.