Las agresiones a sanitarios se disparan en Canarias y crecen un 29% en un año

Las cifras globales reflejan una tendencia al alza que se consolida ejercicio tras ejercicio. En el conjunto del SCS, las agresiones sufridas por profesionales sanitarios aumentaron de 544 en 2024 a 664 en 2025. De ellas, 68 fueron agresiones físicas, 524 verbales y 72 de carácter mixto, combinando violencia física y verbal. El sindicato advierte de que estos datos corresponden únicamente a los casos notificados oficialmente, por lo que la cifra real podría ser sensiblemente mayor.

La evolución de los últimos años confirma la gravedad del problema. En 2022 se contabilizaron 296 agresiones a profesionales del SCS, de las que 18 fueron físicas, 243 verbales y 35 mixtas. En 2023, el número ascendió a 431, lo que supuso un incremento del 45%. En 2024 se alcanzaron 544 agresiones, un 23% más que el año anterior, lo que equivalía ya a casi dos agresiones diarias en el sistema sanitario público canario.

El colectivo de enfermería y fisioterapia es uno de los más afectados. Las agresiones pasaron de 86 en 2022 a 153 en 2023, subieron a 185 en 2024 y alcanzaron las 243 en 2025. En apenas tres años, el incremento acumulado es del 129%, una cifra que SATSE califica de “alarmante” y que, a su juicio, evidencia la falta de medidas eficaces para proteger a los profesionales.

Las agresiones se producen tanto en hospitales como en centros de salud y servicios de urgencias. Predominan los episodios verbales, con insultos, amenazas y descalificaciones, aunque los casos de violencia física siguen siendo frecuentes. Según el sindicato, la reiteración de estos hechos genera un clima de miedo, estrés y desgaste emocional entre los profesionales, afectando directamente a su bienestar y al normal desarrollo de la actividad asistencial.

Ante este escenario, SATSE cuestiona abiertamente la eficacia del denominado Plan de Prevención de las Agresiones a los trabajadores del SCS. A la vista de los datos, el sindicato se pregunta si se trata de un instrumento realmente preventivo o de “una declaración de buenas intenciones” que no está cumpliendo sus objetivos. Por ello, exige una revisión urgente del plan y la adopción de medidas concretas.

El sindicato recuerda, además, que el pasado mes de octubre la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, manifestó en el Parlamento de Canarias que era prácticamente imposible evitar que se produjeran episodios de agresión. Para SATSE, declaraciones de este tipo refuerzan la necesidad de actuar con mayor contundencia, subrayando que ningún profesional debería normalizar acudir a su puesto de trabajo con miedo.

Entre sus principales demandas, SATSE reclama medidas “urgentes y eficaces”, la convocatoria de una reunión específica en la Mesa Sectorial de Sanidad y la creación de un Observatorio de Agresiones en el ámbito sanitario canario. También solicita protocolos de seguridad, formación obligatoria en gestión de conflictos, sistemas de alarma, apoyo psicológico, presencia permanente de personal de seguridad y campañas de sensibilización dirigidas a la población.

“El sindicato insiste en que es fundamental que ningún acto de violencia quede sin denunciar y que se garantice acompañamiento legal y protección real a los profesionales agredidos”. En este sentido, SATSE concluye que “es inaceptable que cuidar de la salud de las personas pueda conllevar un riesgo cotidiano de agresión física o verbal para quienes ejercen su labor con dedicación y compromiso. Exigimos tolerancia cero y medidas reales que garanticen la seguridad de los profesionales”.