La diputada del Grupo Nacionalista Canario (CCa), Natalia Évora Soto, ha subrayado este jueves en la Comisión de Política Territorial del Parlamento de Canarias la relevancia medioambiental y paisajística que representa la rehabilitación del área SAU-8, en el entorno del Faro de El Cotillo, como medida estratégica para la conservación del ecosistema de Fuerteventura.
Évora preguntó en la comisión por los avances relacionados con la restauración ambiental de la zona de Majanicho, en el municipio de La Oliva, afectada por el desarrollo del Plan Parcial OrigoMare. En su intervención, la diputada recordó que esta urbanización fue ejecutada sin evaluación ambiental y vulnerando la directiva de hábitats y de aves, lo que provocó un expediente sancionador por parte de la Comisión Europea.
“Se trata de una medida de gran importancia para la isla de Fuerteventura”, afirmó Évora, quien insistió en que la recuperación del entorno del SAU-8 “permitirá conservar y proteger los recursos naturales de la zona”.
En respuesta a las irregularidades detectadas en OrigoMare, la Comisión Europea exigió a las administraciones canarias medidas correctoras y compensatorias. Entre ellas, además de la rehabilitación del SAU-8, se incluyó la ampliación de la Red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), la propuesta de un nuevo Lugar de Interés Comunitario (LIC) en la Cueva del Llano y la redacción del Plan de Recuperación de la Hubara.
Aunque algunas de estas acciones ya se han ejecutado, como la ampliación de la ZEPA y el nuevo LIC, otras aún se encuentran en fase de tramitación. Según explicó el consejero responsable del área, la restauración del SAU-8 consistirá en eliminar completamente la urbanización existente y devolver el terreno a su estado original.
Este proyecto será desarrollado por el Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública GESPLAN, gracias a un convenio suscrito con el Ayuntamiento de La Oliva. Sin embargo, actualmente se encuentra paralizado debido a que la carretera de acceso al faro es de titularidad privada, lo que impide actuar hasta que se regularice su uso público.
A pesar del obstáculo, el consejero mostró confianza en que la situación se resolverá próximamente, lo que permitiría comenzar las obras a finales de 2025 o principios de 2026. La ejecución se desarrollaría a lo largo de ese mismo año.
Natalia Évora también criticó la falta de liderazgo y compromiso institucional durante la legislatura anterior, que puso en riesgo la imposición de una sanción europea, y reiteró la necesidad de avanzar con firmeza en este tipo de proyectos para cumplir con los compromisos adquiridos en materia ambiental.
