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La crisis de vivienda en Canarias, reflejo de un problema que afecta a toda España, ha encontrado una posible vía de solución con la reforma de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC). El Congreso de los Diputados ha aprobado la toma en consideración de una proposición de ley que permitirá destinar estos fondos a la construcción, adquisición y rehabilitación de inmuebles para el alquiler residencial, una medida que el comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF), José Ramón Barrera, considera clave para aumentar de manera urgente la oferta de vivienda en el archipiélago.
El comisionado ha valorado positivamente la aprobación de la reforma, recordando que la propuesta comenzó a trabajarse en marzo de 2023, cuando se estableció una mesa de trabajo con la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz (Fepeco). Finalmente, en junio del año pasado, el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, presentó la medida, que ha salido adelante en el Congreso con el respaldo de PP, CC, PSOE, Sumar, PNV, Junts, ERC y UPN. La reforma obtuvo 299 votos a favor, la abstención de Bildu y el rechazo de Vox y Podemos.
Barrera subrayó que la iniciativa busca ofrecer incentivos fiscales para que pequeñas y medianas empresas, así como autónomos, puedan invertir en vivienda y destinarla al alquiler habitual. «Desde el mes de marzo planteamos que canalizar los fondos de la RIC para permitir que pequeños ahorradores de las islas, tanto pymes como autónomos, tengan incentivos fiscales para poner vivienda en el mercado y dar respuesta a la emergencia habitacional. Con esta modificación, avanzamos en la dirección correcta para que el REF ayude realmente a resolver los problemas de los canarios y canarias», destacó.
Medidas para garantizar el acceso a la vivienda
Uno de los aspectos clave de la reforma es que las viviendas adquiridas con la RIC deberán destinarse exclusivamente al alquiler de residencia habitual. Además, los propietarios estarán obligados a arrendarlas en un plazo máximo de seis meses tras la compra, evitando así la especulación inmobiliaria. «Si la vivienda no se alquila en ese plazo, el propietario perderá el beneficio fiscal. Esto incentiva que los precios se ajusten a la capacidad de pago de los inquilinos», explicó Barrera.
Otro de los puntos destacados de la modificación es la posibilidad de incluir una opción de compra en los contratos de alquiler. De esta forma, los inquilinos podrán adquirir la vivienda tras un período mínimo de cinco años de arrendamiento, a un precio pactado previamente.
Desde el punto de vista fiscal, las empresas y autónomos que destinen sus beneficios a la compra de viviendas para alquiler podrán acogerse a una exención tributaria significativa. «Un contribuyente que destine 100 unidades monetarias a la RIC podrá reducir su base imponible y pagar impuestos solo sobre 10 unidades en lugar de sobre 100, con un ahorro medio del 25% en el Impuesto sobre Sociedades», detalló el comisionado.
Un modelo más garantista y eficaz
El comisionado del REF defendió que esta reforma establece un modelo más sólido y efectivo que el existente hasta 2006, asegurando que las inversiones realizadas con la RIC generen un impacto real en la oferta de vivienda en Canarias. «Este es un paso importante para afrontar la crisis habitacional con soluciones que permitan un acceso más equitativo a la vivienda», concluyó.
La reforma abre una nueva posibilidad para mitigar la crisis de vivienda no solo en Canarias, sino también en otras regiones que enfrentan dificultades similares. Con el respaldo del Congreso, ahora comienza su tramitación parlamentaria, con la expectativa de que la medida pueda aplicarse lo antes posible para empezar a generar resultados concretos en el mercado inmobiliario.
