COMUNICADO DEL SINDICATO DE INQUILINAS DE FUERTEVENTURA
Un nuevo desalojo masivo estaba previsto en Fuerteventura, en el Residencial Las Palmeras entre el 24 y el 27 de julio. Afecta a por lo menos 146 viviendas (podrían ser más pues la opacidad jurídica es mayúscula) en las que conviven más de 250 personas incluidos niñ@s, ancian@s y mujeres embarazadas, entre las que se encuentran personas en situación de vulnerabilidad acreditada y sin alternativa habitacional, en favor del beneficio de por un lado una empresa con un capital social de 2.000.000 de euros y por otro el de una gran inmobiliaria compuesta por el banco Santander y el mega fondo buitre Blackstone que, como inmensos tenedores se dedican a amasar ganancias astronómicas con un bien fundamental que le es negado a cada vez más población, a lo que planteamos ¿qué papel están desarrollando los poderes públicos en los arbitrajes entre esos intereses y el de l@s inquilin@s?
Ahora, se ha pospuesto temporalmente hasta diciembre el desalojo inminente de l@s vecin@s del Residencial Las Palmeras de Corralejo debido a la mediación del alcalde de La Oliva lo cual demuestra que desde el poder político tienen capacidad de intervención sobre esta lacra social ante lo cual nos preguntamos y planteamos ¿cuál es el plan de este alcalde y otros actores políticos con poder de decisión si realmente quisiesen ser resolutivos y no solamente parchear?
¿Cómo conjugarán la necesidad de vivienda pública y social con los intereses inmobiliarios, constructores y hoteleros en la segunda comunidad autónoma con mayor cantidad de viviendas vacías (entre las que estarán las 100 viviendas de la SAREB en Fuerteventura que mencionó el propio alcalde en su campaña al Senado), que a su vez es la segunda comunidad autónoma con mayor desigualdad y la tercera con menos inversión por habitante en políticas sociales como señalan desde Oxfam Intermón?
¿Harán efectivas o ampliarán las competencias en expropiación con la misma atención que le han dado a la Ley de Renovación y Modernización turística o al jugoso negocio que representa el uso de fondos RIC en nombre de la promoción de vivienda pública?
En el Residencial Las Palmeras, en principio las 56 viviendas que compró Aliseda en las que viven unas 120 personas serán las favorecidas de este trato temporal, quedando pendientes las otras 90 viviendas compradas por Novo Canarias.
Por último agradecemos el apoyo e interés mostrado en general así como la difusión que algunos medios de comunicación han dado a esta gravísima problemática generalizada que permanece pendiente de ser solucionado como este caso pone de relieve”.
