El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que España ha incumplido dos directivas europeas relativas a la política de aguas y la gestión de los riesgos de inundación en varias cuencas hidrográficas del país, incluyendo Fuerteventura, Lanzarote y La Palma. La sentencia, hecha pública este jueves, responde a un procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea en 2023.
Según el TJUE, España no revisó ni actualizó a tiempo los planes hidrológicos de cuenca ni los planes de gestión del riesgo de inundación, cuyo plazo vencía el 22 de diciembre de 2021. Además, el Estado tampoco remitió dichos planes revisados a la Comisión Europea antes del límite fijado el 22 de marzo de 2022, tal y como exige la normativa comunitaria.
Pese a que España informó posteriormente que había aprobado y publicado los planes correspondientes en julio, agosto y septiembre de 2024, y que los había notificado a Bruselas en octubre de ese año, el tribunal con sede en Luxemburgo considera que el cumplimiento llegó tarde. Concretamente, después del 28 de noviembre de 2023, fecha límite marcada en el dictamen motivado enviado por la Comisión.
En el caso de La Palma, España justificó el retraso por la erupción volcánica de septiembre de 2021, un hecho que el tribunal reconoce como causa excepcional. No obstante, aclara que la fuerza mayor solo es válida mientras duren las dificultades, y subraya que el cumplimiento llegó cuatro años después del suceso, lo que invalida esta justificación ante el derecho comunitario.
Esta sentencia ratifica que el país no cumplió sus obligaciones legales en tiempo y forma, lo que afecta directamente a territorios insulares especialmente vulnerables como Fuerteventura y Lanzarote, donde los riesgos climáticos e hídricos requieren una planificación actualizada y efectiva.
Con este fallo, la Unión Europea llama la atención sobre la falta de diligencia de las administraciones competentes en materia de agua y protección civil. La Comisión podría ahora exigir medidas correctoras y, en caso de persistencia del incumplimiento, imponer sanciones económicas al Estado español.
