Más de un centenar de propietarios de los terrenos que integran el denominado Plan Parcial La Lajita 2000, aprobado por el Gobierno en 1998, han denunciado al Ayuntamiento de Pájara después de que, de forma unilateral, la Junta de Gobierno de la corporación sureña determinara, el pasado 9 de septiembre, incoar el procedimiento para disolver la Junta de Compensación.
La decisión, que implica la sustitución de un modelo de gestión privada por uno público, ha generado un fuerte rechazo entre los propietarios de terrenos y la propia Junta, que aboga por buscar un consenso que posibilite el desarrollo de este importante plan, que albergará nueva vivienda, pero también infraestructuras relevantes como el futuro CAE del sur o el IES La Lajita.
Fuentes consultadas por La Voz de Fuerteventura aseguran que la Junta de Compensación busca “tender puentes” y ha registrado este miércoles, de forma oficial, una solicitud para lograr un encuentro con el alcalde, Alejandro Jorge, y el equipo técnico, con el fin de acercar posturas. No es la primera vez, advierten, “ya que hace mes y medio también presentamos un escrito similar y no ha habido respuesta”. Sin embargo, insisten en que quieren seguir apostando por la vía del consenso.
Sobre la mesa: la reparcelación y la imposición del tamaño de las viviendas
En todo el tiempo transcurrido desde su aprobación hace más de dos décadas, el plan ha sido objeto de distintas revisiones. La última, la modificación menor B del Plan de Ordenación Urbana de La Lajita, fue publicada en el Boletín Oficial de Las Palmas el pasado 3 de octubre de 2023, y aprobada previamente por unanimidad en el pleno de la corporación sureña.
Entre los puntos más controvertidos de esta modificación figura la reparcelación de la superficie y las dimensiones impuestas a las viviendas a edificar.
Desde la Junta de Compensación se pide, por un lado, buscar una solución a la reparcelación, que ha eliminado una superficie importante de suelo concebido, en principio, para proyectar vivienda.
Por otro lado, solicitan al Ayuntamiento que reconsidere la decisión de imponer únicamente viviendas con una superficie de 70 metros cuadrados o 90 metros cuadrados, sin otra opción.
Una exigencia que, según explican las fuentes consultadas, “impide construir apartamentos de menor tamaño y, por lo tanto, más asequibles para parejas o personas que vivan solas”. Para los empresarios integrados en la Junta, esta medida es un “sinsentido” y abogan por realizar un estudio de mercado que determine la demanda real existente y la tipología de vivienda que se requiere.
Estas son las cuestiones fundamentales que los empresarios ponen sobre la mesa en aras de lograr un consenso y agilizar el desarrollo del plan.
En esta línea, muestran su disposición favorable a que sea el propio Ayuntamiento el que promueva el desarrollo, con la debida aportación económica que deban realizar los empresarios.
