La Fiscal Superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha reconocido que es “muy difícil” determinar la edad de los menores migrantes que llegan a las costas del archipiélago en un plazo de 15 días, como establece la reciente reforma de la Ley de Extranjería, y considera que ese límite temporal es un “error”.
En declaraciones realizadas tras la entrega de la memoria anual del Ministerio Público en el Parlamento de Canarias, Farnés Martínez explicó que el nuevo plazo legal es prácticamente imposible de cumplir en la práctica, sobre todo en casos donde los jóvenes no aportan documentación y se requiere la realización de pruebas médicas o radiológicas para determinar su edad.
Como ejemplo, citó la situación en El Hierro, donde los menores deben ser trasladados a Tenerife para someterse a las pruebas óseas y a la posterior valoración en un centro de menores, un proceso que “ya supera los 15 días” establecidos por la ley. En su opinión, “lo ideal hubiera sido que se pudiera determinar la edad lo más rápido posible, pero que una vez determinada la edad fuera cuando fueran remitidos a la Península”.
La fiscal también señaló que en muchas ocasiones los propios migrantes desconocen su edad real, debido a que proceden de países con sistemas de registro civil deficientes, o incluso creen que declararse menores les facilita el acceso a protección o asistencia, dada la precariedad de sus condiciones de origen. “Vienen en situaciones muy penosas, de países donde están muy mal y vienen a buscarse la vida”, añadió.
En cuanto a la memoria de actividad, Farnés Martínez destacó que la delincuencia en Canarias ha crecido, aunque no de manera alarmante, y apuntó que la carga de trabajo de las fiscalías se ha incrementado notablemente en las áreas de extranjería y trata de seres humanos, debido al aumento de llegadas de migrantes. Sin embargo, insistió en que no se ha detectado un incremento de la criminalidad vinculado directamente a la inmigración.
La Fiscal Superior alertó además del crecimiento de delitos relacionados con las redes sociales, especialmente los casos de acoso entre menores y hacia mujeres adultas, reflejo —dijo— del cambio en los modos de comunicación: “Ahora la forma de comunicación prácticamente de mayores y menores es por redes sociales”.
En el ámbito judicial, también subrayó las diferencias en infraestructuras entre Tenerife y Gran Canaria, especialmente por la ausencia de un Palacio de Justicia adecuado en Santa Cruz de Tenerife y la falta de juzgados especializados en violencia de género, que obligan al actual órgano a atender a zonas tan amplias como Güímar y La Laguna. “Hoy por hoy no hay infraestructuras adecuadas donde pueda estar la mujer con niños pequeños, tener una entrevista con su letrado o un simple servicio que le permita declarar con dignidad”, lamentó.
Por último, la memoria recoge un descenso de las denuncias medioambientales, unas 50 menos que el año anterior, debido a que en 2024 se concentraron numerosas diligencias derivadas de un proceso de reparcelación en el sur de Tenerife.
La Fiscal Superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha afirmado que es «muy difícil» determinar la edad de los menores migrantes en 15 días, como establece la reciente reforma de la Ley de Extranjería, calificando este límite temporal como un «error». Afirmó que, a menudo, los migrantes desconocen su propia edad debido a sistemas de registro civil deficientes en sus países de origen. También señaló el crecimiento de la delincuencia en Canarias, particularmente en las áreas de extranjería y trata de seres humanos, pero no vinculó este aumento directamente a la inmigración. Además, alertó sobre el crecimiento de delitos relacionados con las redes sociales y las diferencias en infraestructuras judiciales entre Tenerife y Gran Canaria.
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