La defensa del extesorero de La Oliva sostiene que será “bastante difícil” probar su culpabilidad en el juicio por malversación

El letrado del procesado, Ignacio Calatayud, afirmó ante el tribunal que las acusaciones —el Ministerio Fiscal y la representación del Ayuntamiento de La Oliva— deberán demostrar la corrección y fiabilidad de los registros contables. Según expuso, “lo van a tener bastante difícil” porque, a su juicio, “es una chapuza, un disparate, un dislate; allí no coincide nada”. En esa línea, sostuvo que “si se demuestra que la contabilidad es errónea no se puede condenar”.

La Fiscalía solicita una pena de ocho años de prisión y la devolución de 303.410 euros, cuantía que, según la acusación pública, habría sido detraída de las arcas municipales a lo largo de un periodo que se extiende de 1991 a 2017. El fiscal Carlos Hernández Seijo pidió al jurado “responsabilidad y sentido común” a la hora de valorar una “gestión indebida y malintencionada” que habría provocado un desfalco de una “cantidad muy importante de dinero”. No obstante, matizó que, en función de la prueba practicada durante el juicio, podría modificar su calificación.

Por su parte, la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento, representada por la abogada Sonia Álvarez, recordó que Cabrera ocupó el puesto de tesorero durante 26 años y situó el origen del caso en 2017, cuando la llegada de un nuevo interventor motivó un arqueo de caja. Según su relato, el entonces tesorero “comenzó a dar largas”, causó baja médica y “se negó a entregar la llave”. Álvarez aludió además a una resolución del Tribunal de Cuentas que habría cifrado el faltante en 304.310 euros y señalado al tesorero como responsable.

La defensa, en cambio, insistió en que su cliente no se enriqueció y que esa prueba “tampoco va a aparecer”. Añadió que “todo el mundo tenía acceso” al efectivo porque “la llave estaba en un cajón”, y subrayó que Cabrera carece de formación contable específica —“solo tiene el graduado escolar”, dijo—, en un entorno administrativo que considera desordenado. Calatayud aseguró que, durante las sesiones, presentará testificales y periciales encaminadas a demostrar que los asientos eran incorrectos y que en caja no figuraban las cantidades que se le atribuyen al acusado. También lamentó la duración del procedimiento, señalando que su defendido lleva “ocho años de ‘condena’” por una instrucción que “debió durar seis meses”.

En fases preliminares de la investigación se llegó a barajar una cifra cercana a 900.000 euros, extremo que la acusación pública ha acotado por ahora a 303.410 euros, sin descartar ajustes en función de la prueba. El juicio continuará este martes con la declaración de diez testigos y tres peritos, según indicó el presidente del tribunal, el magistrado Arcadio Díaz Tejera. El veredicto quedará en manos del Jurado, que deberá valorar la consistencia de la contabilidad, el eventual acceso de terceros a los fondos y la existencia o no de enriquecimiento personal.