José Landa, delegado de la Asociación Canaria de Pescadores Submarinos Responsables en Fuerteventura, denuncia la “injusticia” que viven los pescadores submarinos recreativos debido a la zonificación vigente en Canarias, que limita su actividad en el 80 % del litoral de las islas.
Landa aseguró que esta restricción, vigente desde hace cuatro décadas, carece de fundamento científico. Citó literalmente un informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO) que concluye: “no se han encontrado evidencias científicas que justifiquen el modelo de acceso restringido por zonas” para esta modalidad pesquera, destacando además que la pesca submarina, de arpón, es “la pesca más sostenible y selectiva según la FAO”.
El representante lamentó que estas limitaciones obedecen a presiones del sector profesional, que actuó “como un lobby para mantener privilegios y evitar competencia” tras perder acceso al banco canario-sahariano. “Hace unos 40 años se impuso esta restricción sin ningún estudio, solo por presión del sector profesional”, afirmó Landa.
En respuesta a la reciente aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) que mantiene estas restricciones, Landa calificó el documento defendido por el diputado nacionalista Mario Cabrera como “un panfleto lleno de argumentos engañosos y muy pobres”. Aseguró también que las autoridades parlamentarias han tomado decisiones sin una verdadera consulta ni diálogo con su colectivo.
La asociación recordó que, pese a existir informes científicos realizados por instituciones prestigiosas como la Universidad de Las Palmas y la Universidad de La Laguna, estos estudios han sido ignorados sistemáticamente.
Con cerca de 6.000 licencias en Canarias, de las que alrededor de 500 corresponden a Fuerteventura, la pesca submarina recreativa genera un importante impacto económico, cifrado en alrededor de 400 millones de euros y 4.000 empleos. Pese a ello, no están contemplados en la Estrategia Canaria de Economía Azul ni en la Estrategia de Soberanía Alimentaria.
El delegado en Fuerteventura de los pescadores submarinos llamó a la unidad de todos los sectores afectados por restricciones similares, afirmando que “hoy somos nosotros, pero mañana pueden ser los pescadores de caña. Es hora de unirnos y defender el mar como un bien público de todos”, concluyó.
La razón no se gana con presiones a los partidos políticos, con descalificaciones, con manifestaciones a la puerta del Parlamento, ni siquiera con la fuerza de los votos. La razón se gana con datos, con la fuerza de la ciencia. Desde hace tiempo los científicos vienen avisando de que nuestro sistema marino está muy tensionado, con muchas especies agotadas, sobrepescadas, y no soporta más experimentos e improvisaciones. La situación actual de los recursos marinos es evidentemente culpa de la intensidad pesquera, la artesanal y la recreativa, de los vertidos de aguas residuales, de la contaminación, de las cientos de urbanizaciones costeras, puertos, marinas, barcos, ruidos, y también del cambio climático. De nuestro cambio climático. Nuestras islas tienen un sistema marino muy frágil, infinitamente más que las aguas de la península y eso nos exigen gestionar de una manera diferente, más sensible con nuestra particular biodiversidad. No podemos copiar y pegar, como reclaman los pescadores submarinos para justificar sus demandas. En esta situación de sobrepesca no nos podemos permitir incrementar el esfuerzo pesquero, abriendo todos los espacios a la pesca submarina, al menos no sin tener los datos suficientes que permitan hacerlo con la debida precaución. Por eso, la respuesta a las demandas de los pescadores recreativos y también a las que puedan provenir de los profesionales, debe encontrarse en la ciencia, en una ciencia que disponga de todos los datos y del apoyo institucional suficiente para hacer su trabajo. El gobierno debe poner en marcha la directiva europea y recopilar toda la información necesaria de la pesca recreativa, sus capturas, las especies pescadas y las áreas donde pescan, al igual que se hace con la pesca artesanal. A partir de aquí, con todos los datos sobre la mesa, nos pondremos sentar a establecer la regulación pesquera que nos permita desarrollar ambas actividades sin poner en peligro la sostenibilidad que necesitamos.
No obstante, en el caso de que haya que hacer un apretón del cinturón, habrá que pensar en el interés general, y este pasa por garantizar la soberanía alimentaria del conjunto de la población, de los 2,2 millones de canarios. Y solo el sector primario artesanal puede garantizar dicha soberanía ante cualquier crisis, como la que vivimos en 2020.
Lo que el estudiante hecho por el equipo de la ULPGC, firmado por mi, dice es que no se puede distinguir el impacto de la pesca submarina del ejercido por el resto de actividades de pesca que se hacen en más mismas zonas, tanto profesional como recreativa. No dice que no tengan impacto, solo que el impacto detectado no se puede segregar entre las diferentes modalidades de pesca. Pero si dice que el impacto general de la pesca es muy intenso y que se constata una pérdida importante de biomasa y que los peces que se observan son muy pequeños, dos síntomas claros de sobreexplotación. El estudio no le da la razón a nadie, al contrario, se la quita a todos aunque no pueda identificar a nadie con más culpa que a otros.