El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria investiga a la compañía Cepsa, a los dos responsables de su filial Petrocan y a dos funcionarias de la Agencia Tributaria Canaria por un presunto fraude de 7,8 millones de euros, supuestamente cometido entre 2016 y 2021 en el Puerto de La Luz, al declarar como fueloil el gasóleo que importaba por estar sujeto a menor tributación.
Según han confirmado este lunes a EFE fuentes cercanas a la investigación, hasta el momento han declarado por estos hechos el responsable de Cepsa y los dos de Petrocan, así como las dos funcionarias de la Agencia Tributaria que supuestamente conocían lo que ocurría desde 2019 pero no hicieron nada por evitarlo.
Los imputados habrían cometido un delito de fraude fiscal y otro de omisión del deber, en el caso de las funcionarias, han señalado las fuentes, que han indicado que en las próximas semanas se tomará declaración a otras personas relacionadas con los hechos cuyos nombres no han sido facilitados.
La Fiscalía conoció estos hechos después de recibir una denuncia de un empresario el 11 de marzo de 2021 y tras investigarlos durante un año en colaboración con la Guardia Civil y la Policía Judicial y hallar indicios de criminalidad los puso en conocimiento del Juzgado.
Según recoge el digital Atlántico Hoy, las dos funcionarias investigadas son la subdirectora de Tributos a la Importación y Especiales y la subdirectora de Inspección y Planificación, cuyo letrado que las representa es de la Comunidad Autónoma, que está personada en la causa como perjudicada por otro de sus letrados, lo que podría derivar en un conflicto de intereses, han señalado las fuentes.
Conforme a lo publicado por el periódico digital, cuando el producto llegaba a Canarias se procedía a la comercialización como diésel oil industrial, pero para su consideración a efectos fiscales, de recaudación, repercusión y liquidación del impuesto como fuelóleo, en lugar de gasóleo, ya que el tipo impositivo del fuelóleo es de 0,56 euros por tonelada métrica, mientras que la del gasóleo es de 222 euros por 1.000 litros.
Ante la gravedad de los hechos, el juez adoptó el pasado mes de mayo medidas cautelares y prohibió a Cepsa todas las ventas del producto diésel oil industrial a las que no aplicara y repercutiera la tarifa del impuesto especial de combustible derivado del petróleo correspondiente con la de gasóleo, por lo que la citada compañía dejó de atender los pedidos de diésel oil industrial, indica el periódico digital.
Según el citado medio, Cepsa espera que concluya pronto la instrucción de la causa, ya que la denuncia fue presentada por un competidor, y defiende que aplica correctamente y conforme a la normativa vigente la fiscalidad del diésel oil de uso industrial. EFE
