Intersindical Canaria ha hecho pública su preocupación ante lo que considera “maniobras arbitrarias” por parte del Ayuntamiento de Betancuria, después de que el Consistorio anunciara la creación de una mesa de trabajo con el sindicato SEPCA para revisar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y otros aspectos del ámbito laboral municipal. Según el sindicato denunciante, estas acciones suponen una vulneración directa de acuerdos plenarios, derechos laborales y procedimientos legalmente establecidos.
La central sindical recuerda que la RPT vigente fue aprobada en junio de 2024 mediante mayoría absoluta en el Pleno del Ayuntamiento, tras un proceso negociado con Intersindical Canaria y Comisiones Obreras, y con participación activa del personal municipal. Aseguran que este documento contó con todos los informes técnicos y jurídicos favorables, por lo que su revisión “carece de fundamento legal” y, además, contradice un acuerdo plenario que sigue plenamente vigente.
El sindicato subraya que la RPT se encuentra actualmente bajo investigación de la Fiscalía, por lo que considera “improcedente y temeraria” cualquier actuación paralela que trate de modificarla sin causa justificada. En su denuncia, apunta directamente al alcalde, Enrique Cerdeña Méndez, y a la secretaria-interventora, Elena Puchalt Ruíz, a quienes acusa de intentar “anular de facto” la RPT sin informes motivados, sin consenso sindical y contraviniendo las recomendaciones del Consejo Consultivo.
En el comunicado, Intersindical Canaria también critica la intervención del sindicato SEPCA en este nuevo proceso de negociación, calificándolo como un intento de sustituir acuerdos democráticos ya alcanzados mediante una “fachada de modernización sin justificación técnica, jurídica o laboral”. Aseguran que esta estrategia excluye de manera tácita a los sindicatos que participaron en el acuerdo original y advierten que no permitirán una regresión en los derechos laborales del personal municipal.
Otro de los puntos denunciados es la gestión del teletrabajo en el Ayuntamiento de Betancuria. Según el sindicato, esta modalidad ya se aplica, pero de forma irregular, sin criterios claros y con decisiones discrecionales otorgadas por la Alcaldía, lo que genera desigualdad entre trabajadores. Consideran contradictorio que se plantee revisar el sistema cuando aún no existe un reglamento formal que garantice igualdad y transparencia.
Intersindical también señala la situación del protocolo de acoso laboral. Afirman que este mecanismo fue activado hace más de año y medio por parte de los trabajadores, pero continúa “bloqueado”, sin investigación ni actuaciones oficiales, pese a que existen denuncias presentadas contra el alcalde y la secretaria-interventora. Denuncian que, en lugar de desbloquear los casos existentes, el Ayuntamiento haya anunciado un “nuevo protocolo de acoso”, una medida que califican de “cosmética” y que no resuelve la inacción previa.
El sindicato concluye exigiendo al Ayuntamiento de Betancuria el respeto a los acuerdos plenarios y la aplicación estricta de la legalidad vigente. Reitera que permanecerá vigilante ante cualquier actuación que “pretenda minar los derechos de los trabajadores”, y extiende su advertencia a todas las administraciones públicas de la isla y del Archipiélago. Además, afirma que el sindicato SEPCA actúa “en connivencia con ciertos partidos políticos” para reducir derechos laborales, algo que Intersindical Canaria asegura no tolerar.
