El Gobierno de Canarias está evaluando diversas alternativas para reducir la «competencia desleal» que supone la exención del IGIC en compras por internet de productos de menos de 150 euros. Así lo expuso este jueves el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, en comisión parlamentaria, donde destacó que eliminar directamente la exención sería una medida complicada de aplicar, pues retrasaría entregas y sobrecargaría el servicio de Correos.
Desde 2016, las compras online de menos de 150 euros importadas a Canarias están exentas del IGIC, lo que genera un trato desigual respecto a los comercios locales, que sí deben aplicar el impuesto, incluso cuando venden por internet. Según Domínguez, los comerciantes han solicitado la eliminación de esta exención, pero advirtió que suprimirla sin más podría generar problemas logísticos y administrativos.
Ante esta situación, el Ejecutivo canario baraja cuatro posibles soluciones para equilibrar la competencia sin afectar la operatividad del comercio digital. Entre ellas, se plantea la concesión de ayudas al transporte para el comercio local, la extensión de la exención a todas las compras online, incluidas las gestionadas por comercios canarios, la creación de una central de compras, y la posibilidad de que los productos lleguen al archipiélago con el IGIC ya devengado.
Domínguez subrayó que el objetivo es encontrar una fórmula que permita corregir la desventaja del comercio local sin generar efectos negativos en el abastecimiento ni en la logística de distribución.
Deducciones fiscales para atraer inversión
En la misma comisión parlamentaria, Domínguez anunció la intención del Ejecutivo de aplicar deducciones fiscales para fomentar la implantación de actividades con escasa presencia en las islas.
El primer paso, según explicó el vicepresidente en respuesta a la diputada del PSOE Tamara Raya, será definir qué se considera una actividad «escasamente implantada», ya que esta delimitación es «lo más complejo» del proceso. Una vez establecida, se prevé la creación de un régimen especial a partir de 2026 con incentivos fiscales y administrativos.
Entre las medidas que se estudian, se incluyen una deducción en el Impuesto de Sociedades, una bonificación del 90% en la cuota empresarial de la Seguridad Social, una deducción del 50% en el IRPF para asalariados de alta cualificación, la exención en el IGIC, la agilización burocrática y la eliminación de la necesidad de una inversión inicial.
«Apoyaré siempre una bajada de impuestos para atraer inversión a Canarias, para que haya desarrollo económico, diversificación de la economía y creación de empleo», afirmó Domínguez, defendiendo la propuesta ante la crítica de Tamara Raya.
La diputada socialista rechazó la idea, argumentando que supone una renuncia a la recaudación de recursos públicos para beneficiar «a unos pocos». Además, recordó que la Zona Especial Canaria (ZEC) ya ofrece incentivos similares para atraer inversión y pidió al vicepresidente que espere al resultado de la comisión de reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) antes de hacer «anuncios que no llevan a ningún lado».
