Canarias afronta una de las crisis sanitarias más graves de los últimos años: el Banco de Sangre del archipiélago opera en mínimos por la escasez de donaciones y, sobre todo, por la falta de personal que garantice su funcionamiento. Una combinación de decisiones políticas, incumplimientos laborales y mala planificación ha dejado al sistema al borde del colapso, con consecuencias directas en la asistencia hospitalaria, las operaciones quirúrgicas y los tratamientos de pacientes que requieren transfusiones.
Desde la integración del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) en el Servicio Canario de Salud (SCS), el pasado 1 de enero, los sindicatos denuncian un desmantelamiento paulatino del servicio: no se han cubierto bajas ni vacaciones, se han eliminado unos 60 puestos de trabajo, y no se respeta el acuerdo de fin de huelga firmado en 2022 que garantizaba el mantenimiento de las listas de contratación y la representación de los Comités de Empresa.
“La plantilla se ha reducido casi un 30% desde enero”, afirma desde el Comité de Empresa, quien denuncia que “no se está cumpliendo la ley ni los acuerdos firmados tras una huelga que defendía un Banco de Sangre 100% público”.
A esta situación se suma un hecho inédito: tras una concentración del personal en la sede del Parlamento el pasado 27 de junio, la Dirección de Recursos Humanos del SCS notificó por correo electrónico el cese de los Comités de Empresa, una decisión que ya ha sido judicializada y que será vista en los tribunales en septiembre.
El Comité alerta además que “la falta de respeto a las listas de contratación ha dejado fuera a profesionales formados durante años, mientras el sistema colapsa”.
Caída en las donaciones y compras externas
Entre enero y marzo de 2025, se han registrado 1.835 donaciones menos que en el mismo periodo del año anterior. Y a lo largo de 2024, la bajada ya fue de más de 2.300 unidades respecto a 2023. La escasez afecta especialmente a grupos críticos como 0-, A+ y 0+, y ha obligado al Gobierno de Canarias a comprar hemoderivados a empresas privadas, lo que encarece el servicio y evidencia el deterioro del sistema público.
Desde Sanidad se insiste en que el stock “está fuera de peligro”, aunque se reconocen retrasos en intervenciones quirúrgicas y la necesidad de revisar el decreto de integración del ICHH para permitir nuevas contrataciones.
Sin embargo, para los sindicatos y algunos grupos parlamentarios, la situación es crítica: “el margen de operación en algunos grupos sanguíneos es de apenas dos días”, y hay riesgo real de suspensión de cirugías y tratamientos oncológicos. El problema, aseguran, no es solo de donaciones, sino de gestión y de falta de voluntad para estabilizar al personal: “se está poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos de Canarias por no querer cumplir con lo pactado ni con lo justo”.
A finales de este mes, se celebrará un juicio clave para determinar si se deben reactivar las listas de contratación y restituir la legalidad en los procesos de selección del personal. Mientras tanto, la ciudadanía es la más perjudicada, en medio de una alerta sanitaria que podría haberse evitado.
