El pasado lunes 25 de noviembre, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) celebró en Canarias el II Congreso de Vivienda Vacacional y Sostenibilidad, un evento que congregó a más de 250 asistentes y contó con la participación de diez expertos en tres mesas de debate. Durante la jornada, se abordaron temas clave relacionados con la vivienda vacacional desde perspectivas sociales, económicas y jurídicas, generando reflexiones sobre los riesgos y desafíos del Anteproyecto de Ley de Vivienda Vacacional en Canarias.
En la primera mesa, titulada “Integración de la sociedad canaria en el modelo turístico del siglo XXI”, se subrayó la importancia de la vivienda vacacional como herramienta para distribuir los beneficios del turismo. Luis del Pozo, activista de SOS Fuerteventura Sostenible, destacó que esta modalidad de alojamiento “no consume más suelo, respetando el territorio en contraste con prácticas que han destruido el paisaje”. Por su parte, Dolores del Pino, gestora de viviendas vacacionales, compartió su experiencia personal, explicando cómo el alquiler turístico le permitió superar una crisis económica tras el 2008, creando empleo y dinamizando la economía local. César Sar, conocido como El turista, añadió que la vivienda vacacional responde a la demanda de los viajeros y permite que el turismo sea accesible para las clases medias.
La segunda mesa, bajo el título “Cómo afecta la restricción de las viviendas vacacionales a los destinos”, arrojó datos relevantes. Según Rosa Rodríguez, del Colegio de Economistas de Las Palmas, el sector genera más de 1.700 millones de euros al año, representando el 3% del PIB canario y beneficiando directamente a pequeños propietarios, quienes gestionan el 89% de estas viviendas. Sin embargo, se advirtió sobre el riesgo de que regulaciones restrictivas puedan fomentar la clandestinidad, como señaló Fernando Gallardo, representante de la Alianza Hotelera.
En la última mesa, enfocada en el impacto urbanístico del Anteproyecto de Ley, Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, criticó la falta de consenso del Gobierno de Canarias al diseñar la normativa. Resaltó que la vivienda vacacional puede ser clave para combatir la despoblación en ciertos municipios. Por su parte, Alejandro Marichal, Primer Teniente de Alcalde de San Bartolomé de Tirajana, abogó por un modelo inclusivo que permita coexistir a residentes y turistas, haciendo un llamado a revisar el principio de unidad de explotación de los complejos turísticos.
El evento culminó con un consenso entre los ponentes sobre la necesidad de una normativa que respete las particularidades de cada municipio y garantice un desarrollo equilibrado del sector, destacando su importancia para la economía y sociedad canaria.
