Caso Urbanización Origomare: sin obras de reparación, desde 2016
Hace poco más de un año que el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, del Gobierno de Canarias, el majorero Manuel Miranda asumía su cargo. En su horizonte, hacer frente a las sanciones y expedientes abiertos por Europa en cuestiones como la falta de saneamiento y vertidos en toda Canarias. Uno de los problemas más acuciantes, junto a la falta de abastecimiento de aguas entre la población y el sector primario.
En el caso de Fuerteventura, un expediente sin culminar y a punto de costar “una buena sanción por innación en el asunto de Majanicho”.
Así lo confesaba Miranda este miércoles, en una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular y Mírame Televisión, donde el responsable del Ejecutivo recordó que la Unión Europea impuso, en 2016, una serie de instrucciones como contrapeso a las irregularidades registradas en la urbanización de Majanicho.
Entre las acciones a cumplir, la declaración de determinadas zonas como lugares de protección de aves, la reparación del SAU 8, en el Cotillo, para restablecer el paisaje en la zona que discurre desde la salida del pueblo costero hacia el faro donde se proyectó una urbanización que no llegó a desarrollarse por la fuerte oposición de la ciudadanía majorera. Sí quedaron los restos, calles a medio hacer y farolas ya caídas con el tiempo.
En total, la Unión Europea mandataba el cumplimiento de 26 iniciativas desde el punto de vista legislativo, normativo y de ejecución de obras.
Cuando se notificó la situación al consejero, “se habían hecho, sobre todo, cuestiones normativas de estudio de repoblaciones y otras, pero en cuanto a la ejecución de obras no se había hecho nada desde 2016″, subrayó.
Por ello, desde el Ejecutivo se hizo una encomienda a Gesplan para coordinar todas las administraciones “y se ha creado una comisión, porque era una obligación de Europa, de seguimiento de este tema; hay reuniones periódicas prácticamente mensuales y se están reportando a Europa los avances”.
El Gobierno tomó el liderazgo en esta cuestión, para coordinar con el Ayuntamiento de La Oliva y el Cabildo insular. De momento, “hemos avanzado bastante, sobre todo en temas ambientales”. También se está ultimando el proyecto de regeneración del SAU8.
Lo que Europa mandata, detalló, es devolver el suelo al estado inicial. La primera fase será garantizar el acceso al faro “por una carretera en condiciones”. Será la primera actuación, recalcó, “y luego ya sería regenerar el suelo y dejarlo pues en la medida que se pueda como estaba antes”.
El saneamiento, en el punto de mira de la UE
En Fuerteventura la Unión Europea también ha puesto el foco también en el saneamiento y en los vertidos irregulares. En la Isla majorera, de momento, no ha habido sanciones que deba afrontar el Gobierno de Canarias pero sí se han abierto expedientes sobre todo en zonas como Puerto del Rosario y El Cotillo.
Se trata de un problema muy grave en Canarias, recalcó Miranda. El Ejecutivo está abonando 1,4 millones de euros anuales de sanción impuesta a varios municipios de Tenerife.
Un pago difícil de afrontar mientras se intentan acometer obras para paliar la situación del saneamiento en el archipiélago.
En Cotillo, en breve comenzarán las obras para mejorar las deficiencias detectadas, con una inversión de 3 millones de euros.
En este contexto, el consejero mira al Gobierno central al que reclama una financiación estable para acometer obras de interés general, depuradoras, desaladoras que contribuyan a paliar, también, la situación de falta de agua “no solo en Fuerteventura y Lanzarote, sino también en el resto del archipiélago”.
Sin proyectos de Antigua y Betancuria para mejorar la ordenación del territorio
Durante la entrevista, en la que se abordaron numerosas cuestiones, también se puso el énfasis en la planificación del territorio y en el papel de los ayuntamientos a la hora de ordenar su territorio y planificar, entre otras cuestiones la habilitación de vivienda.
La Consejería que dirige Manuel Miranda ha lanzado una línea de ayudas, por valor de 2,3 millones de euros, para facilitar la elaboración de planes generales, planes sectoriales y distintos elementos que ayuden a planificar y a poner en orden el territorio.
Ha faltado valentía y responsabilidad por parte de las corporaciones locales, criticó Miranda, en esta cuestión que, reconoció, entraña enormes dificultades «y precisa de cirugía urbanística».
Miranda destacó que a excepción de Antigua y Betancuria, el resto de ayuntamientos majoreros ha presentado un total de 19 proyectos para mejorar sus instrumentos de ordenación.
Entrevista completa:
