La nueva residencia para mayores que se construirá en Puerto del Rosario también se gestionará de forma externa. Así lo ha aseverado este jueves, en una entrevista en Radio Insular, el consejero de Asuntos Sociales del Cabildo de Fuerteventura, Adargoma Hernández, haciendo especial hincapié en que la primera institución insular no tiene capacidad para asimilar el volumen de trabajadores que supondría su incorporación a la nómina de la institución.
No se dará, por tanto, respuesta a las reclamaciones que partían en esta línea desde colectivos como Salud y Sonrisas que solicitan la gestión directa de la corporación pública para evitar lo que está ocurriendo en la Residencia de Mayores de Casillas del Ángel. Denuncian que existe “falta de personal sanitario, falta de mantenimiento de las instalaciones o falta de accesos al centro porque se priorizan objetivos económicos frente a la salud y el bienestar de las personas”.
En este punto, Hernández pidió respeto para los trabajadores de la empresa adjudicataria del servicio y también para la Dirección de Servicios del área de Políticas Sociales “que es quien supervisa y fiscaliza que se cumpla el contrato”.
Pidió más prudencia con respecto a las declaraciones que se realizan sobre la falta de enfermeros en la Residencia y, explicó, que “en una plantilla de cinco, hay dos de baja”.
No obstante, invitó a quien tenga pruebas del incumplimiento del contrato por parte de la empresa adjudicataria del servicio, Clece, a presentarlas ante los tribunales.
Necesitamos personal
El consejero incidió en la necesidad de revisar el contrato de prestación de servicios, en fiscalizar la labor y en que “es urgente que Sanidad intervenga, que exista un convenio, que nos cedan personal para residencias de mayores, para el ámbito de la discapacidad..”
Recalcó que la falta de profesionales no es una cuestión transitoria porque “tenemos hasta plantas de hospitales cerradas por falta de profesionales, es un tema que va mucho más allá de lo sociosanitario” y que es necesario abordar desde la Sanidad.
También desveló que desde la Consejería se insta al Gobierno de Canarias a aprobar un plus de insularidad para mejorar las condiciones económicas de los profesionales de la Residencia de Casillas y, no escondió, que “se está animando a los representantes sindicales a forzar la modificación del convenio, que se haga un convenio autonómico y que se incrementen los salarios en ese convenio”.
Reducir listas de espera para evaluar la discapacidad
Adargoma Hernández también habló sobre el convenio de encomienda de gestión suscrito entre el Ejecutivo de Canarias y la corporación insular para llevar a cabo las tareas de evaluación psicológica y social del grado de discapacidad de las personas residentes en la Isla.
Ya se han incorporado una médico que realiza evaluaciones de lunes a viernes, y personal de la Consejería que dedica unas horas de su jornada laboral a colaborar en la gestión.
Hernández recordó que el convenio estaba vencido desde 2018 y que “el atasco administrativo” contribuyó a que la lista de espera de la valoración superara las 300 personas.
Por medio de este acuerdo, se persigue acelerar las evaluaciones y atender a los casos más urgentes en los que la persona solicitante puede precisar de un certificado para acceder a una ayuda o a un empleo, recalcó.
Para concluir, habló sobre el nuevo Plan Estratégico de Igualdad y Políticas de Género de Fuerteventura, que tendrá alcance insular y está dirigido a las administraciones locales, colectivos sociales y ciudadanía general.
