- El diputado popular reclama que, si el Gobierno de Canarias deriva a un paciente a otra isla para ser tratado porque en su isla no hay medios, si por desgracia fallece, debe asumir el coste de vuelta del fallecido a su isla
- “Es lo que llevan reclamando desde hace mucho tiempo los familiares de los pacientes fallecidos en centros hospitalarios al que fueron trasladados”, lamentó Enseñat
El diputado del PP de Fuerteventura, Fernando Enseñat, ha presentado para su debate en pleno una Proposición No de Ley, en la que insta al Gobierno de Canarias a que asuma el coste de traslado de pacientes de islas no capitalinas fallecidos, que hayan sido derivados para recibir asistencia sanitaria a un centro hospitalario fuera de su isla. Dicho coste de traslado cubrirán los gastos desde el lugar del fallecimiento hasta el aeropuerto de su isla de origen.
“Es absurdo e injusto, que por ejemplo, un residente en Fuerteventura, que sufre un infarto, un ictus, un accidente grave, etc., el Servicio Canario de Salud, ante la imposibilidad de ser atendido en la isla, lo traslade al hospital de referencia en Gran Canaria. Si el paciente sobrevive el Gobierno de Canarias costea su vuelta a casa, pero si por desgracia fallece debe ser la familia quien pague el traslado”. Denuncia Enseñat.
Enseñat recuerda lo que estos gastos suponen para los familiares que en muchas ocasiones no pueden asumir, “más aún porque no todo el mundo tiene contratado un seguro de decesos que incluyan los traslados”. Esta circunstancia se agrava más en estos últimos tiempos de COVID, “donde muchas personas han perdido sus puestos de trabajo o sus ingresos se han visto considerablemente mermados, por lo que han tenido que darse de baja de los seguros”, lamenta Enseñat.
Es cierto, que el Gobierno de Canarias dispone de subvenciones para el traslado de fallecidos a su isla de procedencia o residencia, pero esta apenas alcanza un tercio del coste y además siempre llega tarde. Por ejemplo la subvención para un fallecido procedente de la isla de Fuerteventura, está en torno a los 900 euros y el coste real para la familia es de más de 2.500 euros.
“Creemos que el Gobierno de Canarias, debe ir más allá y asumir unos gastos de los que consideramos no son responsables los afectados que han sido derivados por el Servicio Canario de la Salud al no existir los recursos sanitarios o tratamientos requeridos en la isla de origen del paciente”, afirma Enseñat.
