Intersindical Canaria, representada por su secretario en Fuerteventura, Juan Manuel Gutiérrez, ha anunciado que acudirá a la vía penal para esclarecer el supuesto acoso laboral que sufre la representante legal de los trabajadores del Ayuntamiento de Betancuria tras denunciar presuntas irregularidades en la gestión de contratos menores. Gutiérrez destacó en una entrevista en La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, que «no nos queda otra vía que acudir a la vía judicial y por la vía penal para que se esclarezcan y se tomen las medidas oportunas. Es el único camino que nos deja el alcalde para solventar este asunto».
La funcionaria, quien alertó sobre las irregularidades y presentó denuncias ante la Fiscalía, ha enfrentado una serie de represalias, según el sindicato. «El Ayuntamiento, en lugar de proteger a la trabajadora, la persigue, manipula la situación y enfrenta a otros empleados contra ella», denunció Gutiérrez. Además, afirmó que el alcalde, Enrique Cerdeña, habría promovido la firma de un documento en contra de la trabajadora, lo que calificó como una campaña de descrédito.
Contratos menores en el foco
El caso tiene su origen en las denuncias presentadas por la funcionaria ante la Fiscalía por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos menores en el Ayuntamiento de Betancuria. Según Intersindical Canaria, estas adjudicaciones podrían no estar ajustadas a derecho. Gutiérrez recordó que «la justicia ya está investigando estos contratos, pero el Ayuntamiento, en lugar de colaborar y esclarecer los hechos, ha optado por tomar represalias contra la denunciante».
Los contratos menores denunciados habrían sido objeto de alertas previas, incluso por parte de la oposición. En este contexto, la Guardia Civil habría intervenido en el Consistorio, recabando documentación para esclarecer los hechos.
Gutiérrez subrayó que, pese a las denuncias, «el Ayuntamiento no ha tomado ninguna medida para investigar las irregularidades ni proteger a la funcionaria denunciante. En su lugar, ha intensificado una persecución laboral y personal contra ella».
Denuncias de acoso y represalias
A pesar de que la funcionaria solicitó la activación del protocolo de acoso en octubre de 2024, el Ayuntamiento no ha tomado ninguna medida al respecto. Según Gutiérrez, el próximo 20 de enero se llevará a cabo una reunión para negociar dicho protocolo, algo que calificó de tardío e insuficiente. «Es inaudito que, cuatro meses después, todavía no se haya activado el protocolo de acoso. Esto demuestra una gestión autoritaria e ineficaz», criticó.
El líder sindical acusó al alcalde de desconocer los protocolos y de actuar con ignorancia al intervenir públicamente contra la funcionaria durante un pleno. «El alcalde se insulta a sí mismo al hacer graves y falsas acusaciones contra una trabajadora que, además, es víctima de acoso», añadió.
Acciones judiciales
Intersindical Canaria ha confirmado que presentará una denuncia penal con pruebas documentales y testimoniales para respaldar sus acusaciones. Entre las demandas, se incluyen la activación inmediata del protocolo de acoso, la readmisión de los empleados despedidos y una investigación independiente sobre las irregularidades en los contratos menores.
Gutiérrez instó al Ayuntamiento a actuar con transparencia y responsabilidad. «Lo que pedimos es que se mantenga la calma, se actúe con sensatez y se deje que la justicia ponga las cosas en su lugar», concluyó.
Otras polémicas en el Ayuntamiento de Betancuria
La controversia actual se suma a otros episodios recientes que han puesto al Ayuntamiento de Betancuria en el foco mediático. En julio de 2024, la Guardia Civil se personó en las dependencias municipales para solicitar dos expedientes, una acción cuyo motivo sigue sin esclarecerse. «Desconocemos los motivos de la presencia de la Benemérita», aseguró el alcalde Enrique Cerdeña en pleno. La tranquilidad del municipio, uno de los menos poblados de Canarias, se vio alterada por esta inesperada intervención.
Además, el exalcalde Marcelino Cerdeña, antecesor de Enrique Cerdeña y también miembro del partido local Unidos por Betancuria, afronta un juicio por presunto delito electoral relacionado con irregularidades en el voto por correo durante las elecciones municipales de 2019. Según la Fiscalía, «hubo una aparente y reiterada irregularidad en la tramitación del voto por correo», con denuncias de promesas de trabajo y manipulación de documentos. La investigación reveló que personas con discapacidad o enfermedades mentales fueron presuntamente manipuladas para favorecer la candidatura del partido.
Este historial de polémicas refleja un contexto político complejo y tensa aún más las relaciones internas en el municipio.
