Fuerteventura inicia un plan de acción para poner freno a la proliferación de instalaciones ilegales en suelo rústico. Cabildo, Gobierno de Canarias y representantes de los seis ayuntamientos se reunían ayer para coordinar trabajos que permitan poner coto a la propagación de containers, caravanas, casas prefabricadas y otras estructuras que atentan directamente contra los valores naturales, el planeamiento y la biodiversidad.
Los informes de los agentes de Medio Ambiente detectan más de 500 edificaciones ilegales de diversa tipología, repartidas de forma indiscriminada por todo el territorio insular. “Los ayuntamientos y el Cabildo nos han trasladado su preocupación por la proliferación del uso de contenedores e instalaciones ilegales, como viviendas de ocio o almacenes en suelo no autorizado, un fenómeno muy preocupante no solo por el riesgo que conllevan en materia de habitabilidad y salubridad, sino porque representan un grave impacto medioambiental y paisajístico que no podemos permitirnos en una tierra como la nuestra”, afirmó el consejero de Política y Cohesión Territorial, Manuel Miranda.
La solución a este “creciente problema” pasa por una actuación “conjunta y coordinada” entre los ayuntamientos afectados, el Cabildo y el Gobierno de Canarias, que a través de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural dirigirá una campaña extraordinaria de inspección para localizar este tipo de instalaciones. Además, prestará apoyo jurídico y administrativo a los municipios para la tramitación de las correspondientes órdenes de ejecución.
Paralelamente, el Cabildo tiene previsto iniciar una campaña informativa sobre las prohibiciones e infracciones al respecto en este tipo de suelos, que se encuentran tipificadas de acuerdo con la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, pudiendo acarrear sanciones de hasta 150.000 euros. Las edificaciones no autorizables en suelo rústico están tipificadas, igualmente, en la Ley Orgánica del Código Penal.
