“CC y PP son los menos indicados para criticar la gestión del empleo en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario porque la suya propia en el Cabildo ha sido nefasta”. Son declaraciones efectuadas por la portavoz socialista en el Cabildo de Fuerteventura, María Jesús de la Cruz, en una entrevista este miércoles en Radio Insular, donde aseveró que tomando como referencia los últimos diez meses “si comparamos la gestión en empleo, el Ayuntamiento de Puerto se llevaría sobresaliente y el Cabildo un suspenso”.
De la Cruz defendió así a sus compañeros en el gobierno capitalino al ser cuestionada por la Bolsa de Empleo Social y recordó que abandonaron el gobierno insular dejando seis PFAES en marcha y cuatro planes de empleo.
La portavoz criticó que la gestión de los planes “ha sido un absoluto desastre con este gobierno” y denunció bajas sin justificar así como distintas incidencias que precisaron, incluso, la intervención de la policía.
La situación no ha mejorado, recalcó, después de que el Cabildo presentara ocho propuestas de PFAE “que fueron rechazadas porque no se reúnen las condiciones”.
María Jesús de la Cruz denunció también la entrega a Gesplan del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura a pesar de estar casi finalizado y de que supone un coste de 3,1 millones de euros.
En este punto, la socialista pidió “una indemnización”, como ciudadana, por el “derroche” de dinero público en un documento que, recalcó, había logrado el consenso y estaba ya en su fase final.
Apuntó además a la incoherencia manifestada a su juicio por el presidente del Cabildo, Sergio Lloret, al incorporar nuevo personal para gestionar distintas documentación y, después, externalizar el PIOF.
A la portavoz del PSOE le produce “tristeza” que Coalición Canaria y el Partido Popular “hayan entregado la llave del Cabildo con tanta facilidad a quien menos representación tiene y que maneja más del cincuenta por ciento del presupuesto”.
De la Cruz también cuestionó varios contratos de adjudicación de servicios, “que no tienen la debida justificación” , así como la contratación laboral de personas vinculadas a destacados dirigentes políticos de las formaciones que gobiernan y exigió mayor transparencia en los procedimientos.
