En una acción conjunta, la Junta de Personal y el Comité de Empresa del Cabildo Insular de Fuerteventura han alzado la voz en defensa de los derechos de los empleados públicos, presentando una reclamación formal ante el Ministerio de Función Pública para exigir la restitución íntegra de la paga extraordinaria que fue recortada como medida de austeridad tras la crisis económica de 2008. Esta demanda, presentada el 3 de octubre de 2024, no se refiere a una subida salarial, sino al pago completo de lo que por derecho corresponde a los trabajadores según lo estipulado en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Los recortes, implementados como parte de un plan de reducción del déficit público en 2010, afectaron a todos los empleados públicos, no solo en cuanto a la reducción del 5 % de sus sueldos, sino también a la paga extraordinaria y otros beneficios. La medida, que según el Real Decreto 8/2010 tendría un carácter temporal, aún continúa afectando a miles de empleados, a pesar de que la situación económica ha mejorado significativamente desde 2015.
«Lo que solicitamos es que se cumpla lo establecido en la normativa actual y se devuelvan los salarios en su totalidad, incluyendo la paga extraordinaria recortada desde 2010», declara el representante del Comité de Empresa del Cabildo, quien reafirma que no hay razón alguna para que el Estado continúe penalizando a los empleados públicos con esta medida.
La repercusión del recorte salarial es clara: los empleados públicos de Fuerteventura han dejado de percibir cantidades significativas en sus pagas extraordinarias. Por ejemplo, los funcionarios del grupo A1 han dejado de cobrar más de 9.000 euros desde 2010, mientras que los del grupo A2 han perdido más de 5.500 euros. Estos recortes no solo han afectado a los trabajadores del Cabildo, sino también a personal de diversos sectores públicos, como la Sanidad, las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, la Policía Nacional, entre otros.
Desde el 2019, los empleados del Cabildo han presentado varias reclamaciones ante la Secretaría de Estado de Función Pública, sin obtener una respuesta satisfactoria. Las peticiones se han repetido en diversas ocasiones, sin embargo, el Gobierno ha argumentado que la decisión final debe ser tomada por las Cortes Generales a través de una nueva normativa que ajuste los presupuestos generales del Estado.
Ante la falta de respuesta por parte del Ejecutivo, los sindicatos han comenzado a organizar movilizaciones y acciones a nivel nacional, como la propuesta de un paro de 10 minutos en todo el sector público para reclamar la integridad de sus sueldos. La situación ha unido a diversos sindicatos a nivel estatal, entre ellos la Confederación Intersindical, CESM, SATSE, y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), quienes se suman a la lucha por la restitución de los derechos salariales de los empleados públicos.
La Junta de Personal y el Comité de Empresa del Cabildo han dejado claro que no cesarán en su esfuerzo por lograr justicia para los trabajadores, solicitando al Gobierno que actúe antes de diciembre de este año. «La situación económica ha mejorado y las circunstancias que originaron los recortes ya no existen. Es hora de que se restablezca la justicia salarial», concluye el portavoz.
