El Seprona detecta 14 infracciones urbanísticas en suelo rústico de La Oliva

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, estas actuaciones se enmarcan dentro de la campaña de erradicación de construcciones ilegales y ordenación del territorio que se desarrolla en distintos puntos de la isla de Fuerteventura. Las inspecciones se llevaron a cabo ante el aumento de edificaciones detectadas en zonas donde este tipo de uso está expresamente prohibido por la normativa vigente.

Las investigaciones se iniciaron tras comprobar los agentes del Seprona la existencia de construcciones ilegales destinadas a usos residenciales, recreativos e incluso industriales en terrenos clasificados como suelo rústico o protegido. Desde la Guardia Civil se subraya que este tipo de prácticas suponen una vulneración grave de la normativa urbanística y territorial, además de generar un impacto directo sobre el medio natural.

En concreto, entre las 14 infracciones detectadas figuran la instalación de contenedores marítimos, caravanas, viviendas levantadas con palets, edificaciones prefabricadas y otras estructuras similares, así como la acumulación incontrolada de residuos. Estas actuaciones, según advierten los agentes, provocan la degradación de zonas ambientales sensibles y ponen en riesgo tanto la biodiversidad como la calidad de vida de las comunidades legalmente asentadas en el entorno.

La Guardia Civil señala que este tipo de conductas constituye “un grave atentado contra el paisaje y el entorno natural de la isla”, especialmente en un territorio con valores ambientales y paisajísticos singulares como Fuerteventura, donde la protección del suelo rústico resulta clave para garantizar un desarrollo sostenible.

Además de las infracciones urbanísticas, en el marco de una actuación coordinada entre el Cabildo de Fuerteventura y la Guardia Civil se han detectado otras irregularidades relacionadas con la gestión de residuos, el bienestar animal y la sanidad animal. En total, se han contabilizado hasta 28 infracciones en estas materias, cuyos informes serán remitidos al Gobierno de Canarias, administración competente para su tramitación y resolución.

Desde la Guardia Civil se recuerda que las infracciones contra el territorio pueden conllevar sanciones económicas de elevada cuantía, que en algunos casos pueden alcanzar hasta los 200.000 euros, además de otras medidas administrativas complementarias, como la obligación de restaurar el entorno afectado.

Las autoridades insisten en la importancia de respetar la normativa urbanística y medioambiental, y advierten de que se mantendrán este tipo de controles para frenar la ocupación irregular del suelo rústico y proteger el patrimonio natural de la isla.