El rector de la ULL tacha de “desproporcionado e injusto” el despliegue policial en el acto no autorizado de Vito Quiles

Durante su intervención ante el Claustro universitario, García detalló la secuencia de hechos ocurridos el pasado 14 de noviembre en los exteriores de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales y de la Comunicación. Según explicó, aunque la universidad logró garantizar el normal desarrollo de la actividad académica, no se protegió adecuadamente a las personas que se manifestaban contra la presencia del “ultraderechista”, llegando a restringirse su movilidad mientras la actividad no autorizada continuaba con acompañamiento policial.

El rector subrayó que la libertad de expresión no obliga a permitir actividades que “atenten contra los derechos humanos, la igualdad y la equidad”, o que pongan en riesgo la convivencia universitaria. En este sentido, insistió en que la institución había comunicado su negativa a autorizar el acto de Quiles, pero aun así se permitió el uso de espacios universitarios, se utilizó equipamiento de la ULL y se distribuyó material de contenido xenófobo dentro del recinto.

Francisco García denunció un “uso de la fuerza selectivo”, lo que a juicio del rector evidencia que el operativo policial “no estuvo proporcionado”. Por ello, la universidad ha solicitado a la Delegación del Gobierno un informe oficial que detalle la planificación y las decisiones operativas adoptadas durante el dispositivo. Añadió que el centro ha iniciado una investigación interna para evitar que se repitan situaciones similares y no descarta emprender acciones judiciales si así procede.

“El rector afirmó que la universidad pública debe ser ‘reducto y motor de la verdad, garantía de convivencia y pluralismo, ante la tentación del miedo y del odio’”, recoge el comunicado difundido por la propia institución.

Todos los grupos claustrales condenaron los hechos y respaldaron la necesidad de asumir responsabilidades. El Claustro aprobó finalmente una declaración institucional en la que denosta lo ocurrido, critica la actuación policial e insta a elaborar un informe riguroso y público sobre los hechos, además de solicitar a la Delegación del Gobierno una evaluación del operativo que permita esclarecer posibles responsabilidades administrativas o judiciales.