El acuerdo del PSOE y Junts que finalmente delegará en la Generalitat algunas competencias estatales en inmigración afectará también a Canarias. Ya el martes el Gobierno anunció que la negociación del cambio de la ley de extranjería se reactivará, y que este impondrá el reparto de menores migrantes por autonomías.
En un primer momento, Junts se alineó con el PP en su negativa al pacto, pero tras una negociación y larga y mediática, el partido de Carles Puigdemont ha accedido a colaborar con la consecución del acuerdo, que incluirá la cesión de algunas competencias sobre migración a la Generalitat.
Aún hoy, Junts mantiene que es fundamental destensionar la situación en Cataluña deteniendo el envío de menores a esta comunidad. Sin esta condición se niegan a continuar con el acuerdo, que aún debe asentar los criterios de distribución más allá de la cesión de competencias. Fuentes gubernamentales han asegurado que Cataluña sí tendrá que acoger menores, pero serán solo unas pocas decenas.
La situación crítica de los casi 5.800 menores que continúan en condiciones de hacinamiento en centros canarios que deberían acoger a algunas decenas, pero que se han estirado hasta varios cientos, ha despertado la urgencia de cerrar el pacto a pesar del desgaste que han demostrado ambas partes de la negociación. De los 88 centros de acogida en las islas, 49 siguen siendo de emergencia. Además del espacio, también son enormes las dificultades para documentarlos por lo que la mayoría sigue sin tener la autorización de residencia a la que tienen derecho y faltan actividades adecuadas para su formación.