El Partido Socialista de Puerto del Rosario ha expresado su rechazo a la reciente decisión del Gobierno de Canarias de retirar el Catálogo Canario de Vestigios Franquistas, medida adoptada a instancias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que había manifestado su oposición a su aprobación. Según los socialistas, esta acción pone en riesgo el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, dejando a las administraciones sin un marco común que regule la eliminación de los vestigios del franquismo en las Islas.
Juan Jiménez, secretario general del PSOE en Puerto del Rosario, afirmó que “un solo ayuntamiento de los 88 canarios no puede condicionar la aplicación preceptiva legislativa sobre la memoria democrática del Archipiélago entero”. Además, señaló que esta decisión favorece la permanencia de elementos que representan un pasado vergonzoso, contraviniendo los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que deben guiar las políticas públicas en esta materia.
El PSOE recordó que, a pesar de las alegaciones del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sobre la falta del trámite de audiencia en el proceso, este trámite sí fue realizado en mayo de 2024, cuando el Gobierno de Canarias inició la derogación del Catálogo. Durante este período, asociaciones de Memoria Histórica de Tenerife y La Palma presentaron sus alegaciones, junto con colectivos que abogan por mantener vestigios como el monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife.
Jiménez también subrayó que “la reparación histórica, que está perfectamente reflejada en la Ley de Memoria Democrática, no debe hacer concesiones a caprichos irreverentes que, como estamos viendo, ignoran las atrocidades cometidas en los años oscuros que supusieron la Guerra Civil y la Dictadura franquista”. Finalmente, remarcó que “no se pueden permitir veleidades ilícitas que edulcoren el daño que se hizo a miles de canarios que dieron su vida durante décadas por la libertad en nuestras Islas”.
La posición del PSOE de Puerto del Rosario pone de relieve la necesidad de un compromiso firme por parte de todas las administraciones canarias para avanzar en el cumplimiento de las políticas de memoria histórica y eliminar los vestigios de un pasado que consideran incompatible con una sociedad democrática.
