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El PP alerta de que la subida de cuotas del Gobierno afectará a 60.000 autónomos en Canarias con un coste extra de 1.620 euros al año

El Partido Popular denuncia que el incremento del 42% en las cotizaciones aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez supone un «ataque directo» al tejido productivo de las Islas y amenaza la continuidad de los negocios familiares tradicionales

Redacción Radio Insular

Redacción Radio Insular

16 de abril de 2026 a las 10:08

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Un incremento que golpea directamente al bolsillo de los autónomos canarios

El Partido Popular de Canarias ha rechazado frontalmente el nuevo incremento de las cuotas aprobado por el Gobierno de España, que eleva en un 42% la base mínima de cotización para los autónomos societarios y los colaboradores familiares. Esta medida se traduce en un coste adicional de 135 euros más al mes, lo que supone cerca de 1.620 euros anuales para un colectivo que en Canarias ronda las 60.000 personas.

El diputado regional del PP Fernando Enseñat ha denunciado que el «Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a castigar a los autónomos y a las empresas familiares, que son las que sustentan la economía y el empleo en Canarias». Para Enseñat, la medida «supone un auténtico atraco para miles de pequeños negocios», en una comunidad donde el 95% del tejido empresarial son pymes que dependen directamente de la figura del autónomo.

Retroactividad y falta de consideración hacia las particularidades canarias

La situación se agrava por el carácter retroactivo de la subida, con efectos desde el 1 de enero de 2026, algo que el portavoz popular considera especialmente preocupante: «Agrava aún más el impacto en la planificación económica de los autónomos», ha señalado. Esta decisión llega en un momento marcado por la incertidumbre económica internacional y las dificultades acumuladas por las pequeñas y medianas empresas.

El PP advierte de que esta medida amenaza la continuidad de muchos negocios tradicionales al encarecer directamente el trabajo de los familiares que colaboran en ellos. Una circunstancia que dificulta el relevo generacional y golpea especialmente a Canarias, cuya condición de región ultraperiférica y las particularidades de su Régimen Económico y Fiscal no han sido tenidas en cuenta en absoluto por el Ejecutivo central.

Contraste entre las políticas del Gobierno canario y el Ejecutivo central

El PP ha querido contraponer la decisión del Ejecutivo central con la orientación que sigue el Gobierno autonómico, donde el vicepresidente Manuel Domínguez está desarrollando un conjunto de iniciativas de apoyo al colectivo. Entre estas medidas destacan la Cuota Cero para nuevos autónomos, el Plan Concilia, la elevación de la franquicia del IGIC hasta los 50.000 euros y una simplificación administrativa que reduce el número de declaraciones fiscales anuales.

«Mientras en Canarias trabajamos para ayudar, impulsar y aliviar la carga fiscal de nuestros autónomos, el Ejecutivo central va en la dirección contraria, subiendo impuestos y dificultando su actividad», ha afirmado Enseñat. El diputado popular ha añadido que «tenemos un Gobierno autonómico que aprueba rebajas fiscales para apoyar a nuestros autónomos, frente a un Ejecutivo estatal que vuelve a querer subir la cuota 135 euros al mes a los autónomos societarios y a los colaboradores familiares, que son esos hombres, esas mujeres y esos hijos que ayudan en el negocio familiar».

Impacto en el tejido empresarial y el empleo de las Islas

La medida impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido calificada por los populares como un «ataque directo a los autónomos, a las empresas familiares y al tejido productivo de las Islas». En un archipiélago donde la mayoría del tejido empresarial está compuesto por pequeñas y medianas empresas, este incremento de las cotizaciones supone un golpe adicional a un sector ya castigado por las dificultades económicas.

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El impacto de esta subida va más allá de las cifras inmediatas. Los negocios familiares tradicionales, que constituyen una parte fundamental del tejido económico canario, se verán especialmente afectados al tener que asumir mayores costes por la colaboración de familiares en el negocio. Esta situación pone en riesgo no solo la viabilidad económica de estos establecimientos, sino también la transmisión generacional de muchos negocios que han pasado de padres a hijos durante décadas en las Islas.

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