El Partido Popular de Fuerteventura ha solicitado públicamente que el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, comparezca ante la ciudadanía para ofrecer explicaciones tras los últimos acontecimientos relacionados con la Operación Odín, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos menores durante la pasada legislatura.
La formación conservadora ha difundido un comunicado en el que reclama certidumbre y tranquilidad para la población, considerando que ya ha transcurrido “un tiempo más que prudencial” desde que se practicaran los registros policiales en dependencias municipales, vinculando a un técnico municipal y a una exconcejala —actual edil en la oposición— con el caso.
Desde el PP subrayan que su petición se formula con “el máximo respeto a los procedimientos judiciales y a la presunción de inocencia”, pero entienden que, en tanto que máxima autoridad municipal, el alcalde debe asumir su responsabilidad institucional y comparecer públicamente para explicar qué medidas se están tomando ante una situación que ha generado gran preocupación en la opinión pública.
Además, los populares reiteran una exigencia ya planteada al inicio de la actual legislatura: la realización de una auditoría completa de todos los contratos menores adjudicados entre 2021 y 2023. Según critican, la revisión efectuada hasta el momento por el actual grupo de gobierno ha sido “parcial, limitada únicamente a los contratos que presuntamente están siendo investigados judicialmente, lo cual resulta claramente insuficiente”.
En su declaración, el Partido Popular también recuerda que durante el periodo ahora bajo sospecha el Partido Socialista —actual socio de gobierno de David de Vera— ostentaba la Alcaldía y era responsable directo de la gestión municipal. Por ello, interpretan que la negativa del alcalde a impulsar una auditoría más amplia podría deberse a “un interés por proteger el pacto de gobierno con el PSOE más que a un verdadero compromiso con la transparencia y la buena gestión pública”.
La petición del PP se produce en un momento de creciente presión política tras las detenciones de tres personas vinculadas al Ayuntamiento y la apertura de diligencias judiciales a otras seis. La Operación Odín —que sigue bajo secreto de sumario— investiga supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude a la administración pública en 36 contratos menores de obras y servicios, por un valor superior al millón de euros.
