El Parlamento de Canarias ha remitido a la Unión Europea, a través del Comité Europeo de las Regiones (CDR), 24 propuestas para afrontar la crisis migratoria que vive el Archipiélago. La presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, destaca la importancia de estas conclusiones, extraídas de las Jornadas Conecta Canarias-Europa, entre las que se incluye la exigencia de un mando único en el Estado en materia de inmigración para centralizar y simplificar la comunicación y la gestión con el Gobierno de España; la necesidad de un reparto equitativo de las cargas generadas por la inmigración irregular para aliviar la presión de las regiones que son frontera nacional y europea, como Canarias, o la dotación de más recursos humanos y de medios técnicos más eficaces para el control de fronteras en Canarias, que contribuyan también a evitar o, al menos, reducir las muertes que se producen en la llamada Ruta Atlántica.
Estas propuestas son fruto de la mesa de debate y trabajo dedicada a migración y asilo en el espacio Schengen, que se desarrolló en las Jornadas Conecta Canarias-Europa, con la participación de diputados y diputadas del Grupo Parlamentario (GP) Socialista Canario; Nacionalista Canario; Popular; Nueva Canarias Bloque Canarista; ASG, y AHI. Vox excusó su asistencia. Además, se han incorporado planteamientos de trabajo previos del Parlamento de Canarias, como algunas de las conclusiones de la Comisión de Estudio sobre la Inmigración en Canarias, cuyo dictamen se emitió a principios de este año.
Entre las propuestas de la Cámara canaria, “exigir que las realidades regionales se tengan en cuenta en la inminente reforma de la política de migración y asilo de la UE; solicitar el aumento de la cooperación internacional desde Europa hacia los países emisores de más inmigración irregular hacia Canarias, con especial atención al fomento de las migraciones regulares y la formación y contratación en origen, de manera que se ofrezcan expectativas de futuro que disuadan a los migrantes de jugarse la vida en el mar; exigir al Estado y a la UE el incremento de la financiación para la creación y gestión de una adecuada red de acogida de inmigrantes, también en situaciones de crisis y emergencia, o instar a la puesta en marcha de procedimientos de derivación de personas migrantes que atiendan las necesidades y demandas de Canarias, garantizando los derechos de todas las personas y evitando situaciones de masificación”.
El Parlamento de Canarias insta también a desarrollar en la normativa estatal y europea el concepto de solidaridad obligatoria y de responsabilidad compartida en materia de inmigración irregular y de atención a menores no acompañados; a que los gobiernos regionales más afectados por los fenómenos migratorios sean escuchados y participen de forma directa en la definición y desarrollo de las nuevas políticas comunitarias de migración; a generar una mejora en los medios y las acciones de lucha contra el tráfico de personas a escala internacional, y a arbitrar una adecuada distribución de menores tutelados entre las diferentes comunidades autónomas del Estado español.
Astrid Pérez subraya que, además, “se solicita a las administraciones o instituciones responsables un aumento de los medios humanos y materiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabajan en materia de inmigración, así como en Salvamento Marítimo y en la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex); la activación de una política de traslados ágil y transparente desde Canarias hacia el resto de España y de Europa, o la puesta en marcha de un sistema conjunto de reacción rápida, común y solidaria ente situaciones de crisis migratorias en territorios europeos”.
El Parlamento de Canarias pide a la UE que posibilite que “Canarias funcione como una plataforma humanitaria y no como un gran centro de retención”; el estudio de la modificación de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, entendiendo que la gestión de la acogida de los menores es una cuestión estatal y debería ser el Estado el que colabore con una línea de distribución de los menores, e instar a la aprobación urgente de un nuevo Pacto de Migraciones y Asilo de la Unión Europea que tenga en cuenta las realidades regionales de lugares como Canarias y que permita que los procesos de retorno se puedan hacer más allá de los lugares de recepción de las personas migrantes.
También se pide al Estado español que “cofinancie la acogida de menores migrantes junto a las regiones hasta que sea definitivamente asumida como una competencia estatal, o que se generen puntos de información en tránsito y puntos informativos en origen para combatir la desinformación de las personas migrantes y mejorar la capacidad de toma de decisiones”.
Desde la Cámara regional, se aboga por “garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva; plantear un aumento de la inversión europea en materia de integración, formación y aprendizaje de las personas migrantes en los países de destino y tránsito; crear una herramienta y estructura estable y consolidada para la derivación de menores acogidos en Canarias a otras comunidades autónomas; facilitar una rápida reunificación familiar cuando sea posible, priorizando y agilizando la obtención de documentación oficial, como los pasaportes, en el caso de menores no acompañados, o estudiar la revisión de la normativa en materia de extranjería para simplificar y acortar los trámites legales para la obtención de los permisos de residencia y trabajo en España”.
