El Pleno del Parlamento de Canarias ha convalidado este miércoles por unanimidad el decreto ley que modifica la Ley del Suelo con el objetivo de ampliar los plazos de los informes ambientales y evitar la caducidad de tramitaciones urbanísticas. El texto incluye, además, una modificación de la ley de cooperativas, concediendo un año adicional a estas entidades para adaptar sus estatutos a la normativa vigente.
El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, explicó que el decreto pretende dar respuesta a una situación recurrente en la planificación urbanística, fijando la posibilidad de solicitar una prórroga de los informes ambientales estratégicos siempre que no se hayan producido cambios sustanciales en su contenido. Asimismo, se concede un año más de plazo a los instrumentos de ordenación que ya cuenten con memoria ambiental prorrogada y hayan superado la fase de información pública para poder ser aprobados definitivamente.
Gracias a este decreto, ya en vigor, se han aprobado los planes generales supletorios de San Bartolomé, en Lanzarote, y San Miguel, en Tenerife, y próximamente se prevé que ocurra lo mismo con los de La Orotava, Arrecife y Mazo. Miranda subrayó que “no contar con planificación genera inseguridad jurídica, desprotección e impide desarrollar políticas de interés social”, defendiendo la necesidad de evitar que procesos muy avanzados decaigan por el agotamiento de los plazos administrativos.
En relación con las cooperativas, el consejero señaló que el decreto ley es el único instrumento “eficaz, inmediato y proporcionado” para impedir que entren en causa de disolución, ya que el plazo para la adaptación estatutaria vencía el pasado 10 de enero. Además, reiteró su predisposición a abordar una actualización integral de la Ley del Suelo antes de que finalice la legislatura. Aunque reconoció que la norma, con casi nueve años de vigencia, “ha funcionado”, consideró “necesario adaptarla a los nuevos tiempos”, por lo que anunció que en los próximos meses se abrirá el debate político una vez analizadas todas las alegaciones presentadas.
Durante el debate parlamentario, el portavoz del Grupo Mixto (AHI), Raúl Acosta, valoró que el decreto evita que “la rigidez normativa y los plazos mal encajados” generen “perjuicios innecesarios”, subrayando que no se trata de rebajar garantías ambientales, sino de impedir que se tenga que reiniciar un planeamiento completo y “botar a la basura” importantes cantidades de dinero público.
Desde ASG, Jesús Ramos calificó ambas leyes como “fundamentales” para el desarrollo económico de Canarias y defendió la prórroga de los plazos como una solución a las “dificultades” de unos procesos urbanísticos “largos y muy exigentes”. En cuanto a las cooperativas, afirmó que evitar su disolución “no es un privilegio sino una cuestión de sentido común”, destacando su papel en la generación de empleo y en el ámbito rural.
El resto de grupos parlamentarios respaldaron el decreto, aunque con matices y críticas a la utilización reiterada de esta vía normativa y a la falta de una reforma estructural de la Ley del Suelo, coincidiendo en la necesidad de dotar de mayor seguridad jurídica a ayuntamientos, cabildos y ciudadanía.
El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad un decreto ley que modifica la Ley del Suelo para ampliar los plazos de los informes ambientales y evitar la caducidad de tramitaciones urbanísticas. Además, concede un año adicional a las cooperativas para adaptar sus estatutos a la normativa vigente. Esta medida busca evitar la inseguridad jurídica y la desprotección que puede generar la falta de planificación. Asimismo, el Gobierno de Canarias planea una actualización de la Ley del Suelo para adaptarla a los nuevos tiempos.