El Ministerio para la Transición Ecológica asegura que Riu sigue sin presentar un proyecto de rehabilitación del Hotel Oliva Beach, de Fuerteventura, que “se ajuste a la legalidad”, a pesar de que hace dos años que conoce los defectos que aprecia en su propuesta la Demarcación de Costas y de que le ha pedido hasta tres veces que los subsane.
A finales de 2017, la cadena Riu solicitó al Ministerio la licencia para llevar a cabo la reforma del hotel, enclavado las dunas de Corralejo, una rehabilitación con la que se pretendía subir su categoría de tres a cuatro estrellas y construir quince nuevos apartamentos, además de reformar los ya existentes.
En 2019, y alegando el silencio del Gobierno central, la empresa propietaria anunció un expediente de regulación de empleo (ERE) para los 400 trabajadores que conforman la plantilla del hotel.
Después de tres años de diferencias entre la cadena hotelera y el Ministerio para la Transición Ecológica, este ha explicado cómo se encuentra el expediente, al contestar a tres preguntas parlamentarias de los senadores Paloma Hernández (PSOE) y Fernando Clavijo (CC) y del diputado Guillermo Mariscal (PP).
En sus respuestas por escrito, a las que ha tenido acceso Efe, el departamento que dirige Teresa Ribera remarca que, para que la Dirección General de Costas pueda pronunciarse sobre la solicitud de obras, “se debe contar con un proyecto que se ajuste a los términos de la concesión y a la normativa de costas”, algo que dice haber “requerido en repetidas ocasiones a la mercantil”.
De forma paralela al expediente relativo a la licencia de reforma del hotel y los apartamentos, la Secretaría General Técnica del Ministerio inició el pasado 25 de septiembre el procedimiento de revisión de oficio de la concesión del dominio público marítimo terrestre donde se asienta el Oliva Beach, para declarar su nulidad.
La concesión que permite a Riu seguir ocupando el dominio público costero sobre el que está construido el hotel fue otorgada inicialmente en 2003, modificada en 2007 y ampliada en 2016.
La concesión se otorgó para la ocupación de 59.768 metros cuadrados de terrenos del dominio público. Según Transición Ecológica, que tendrá que resolver el expediente de la revisión de oficio en un plazo de seis meses, existe una “posible causa de nulidad de pleno derecho”, ya que Riu no era la única titular de las edificaciones.
Con respecto al proyecto de reforma del hotel y los apartamentos Oliva Beach, hasta en tres ocasiones, la última el 23 de noviembre de 2020, el Ministerio para la Transición Ecológica requirió a Geafond, sociedad del grupo Riu, que presentara un proyecto de rehabilitación del hotel que cumpliera la normativa de costas.
Un día después del tercer requerimiento, el pasado 24 de noviembre, se recibió en la Demarcación de Costas el proyecto “Planos Sustitutorios y Memoria Descriptiva”, documentos que, tras ser analizados por la Demarcación, “se comprueba que son insuficientes para determinar su ajuste a los términos de la concesión y a la normativa de costas”, detalla este departamento en sus respuestas a los parlamentarios de PSOE, CC y PP.
Además, el Ministerio para la Transición Ecológica plantea como “necesario” que la empresa presente “un único y completo informe”.
Según este departamento, la sociedad Geafond tiene conocimiento desde septiembre de 2018, fecha en la que se le hace llegar el primer informe de la Demarcación de Costas, de que el proyecto presentado no cumplía con la normativa de Costas.
El pasado 23 de octubre, políticos, trabajadores y representantes de la cadena Riu escenificaron ante los medios de comunicación un frente común para salvar los 400 empleos del establecimiento.
Durante la rueda de prensa, trabajadores, políticos y representantes de Riu acusaron al Ministerio para la Transición Ecológica de “falta de voluntad” para tramitar la autorización de su reforma.
La abogada de la cadena turística, Águeda Borges, afirmó, con respecto al expediente de la autorización de obras, que “todo está contestado” y que estaban a la espera de que se hiciese “un nuevo informe complementario por parte del Ministerio”.
Ahora es el Ministerio para la Transición Ecológica el que recuerda a Riu que el pasado 22 de diciembre de 2020, a la vista del análisis de la Demarcación a los documentos presentados el 24 de noviembre, le reiteró su requerimiento por cuarta vez.
“Hasta la fecha, más de dos años más tarde, no han presentado un proyecto que se ajuste a la legalidad”, dice el Ministerio en sus respuestas parlamentarias.
Por otro lado, en junio del pasado año, Ben Magec-Ecologistas en Acción denunció el incumplimiento en la normativa de costas en los terrenos de la concesión con una serie de actuaciones que podrían constituir infracciones administrativas.
Entre las actuaciones realizadas en la zona de dominio público, está el vallado de superficies que limitan el acceso público gratuito, además de la instalación de elementos de la empresa fuera del perímetro de la ocupación.
En este sentido, señalan la existencia de una planta desalinizadora de agua de mar y una estación de aguas residuales.
En los meses de noviembre y diciembre de 2020, efectivos del equipo de vigilancia de la Demarcación de Costas en Canarias visitaron las instalaciones del hotel y los apartamentos para “levantar acta de la situación física de las instalaciones respecto a las condiciones impuestas por el título concesional”.
La Demarcación de Costas ha abierto un periodo de actuaciones previas antes de iniciar un expediente sancionador por el incumplimiento de condiciones y obras en la zona de dominio público marítimo terrestre en concesión administrativa.
Costas ha dado un plazo de diez días para que la sociedad Geafond presente las alegaciones oportunas.
