El exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo era “la cúpula de la pirámide” en la presunta trama de cobro de sobornos y extorsiones a empresarios conocida como “caso Mediador”, según declaró ante la juez instructora de la causa el detenido que destapó todo: “Sin él no se hace nada”.
En uno de los informes que obran en las diligencias judiciales, el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil detalla que la organización tiene dos cabezas: la política, a cuyo frente sitúa a Fuentes Curbelo, y la empresarial, en la que cree clave el papel del general retirado Francisco Espinosa Navas, el único de los imputados en prisión provisional por los hechos que investiga el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife.
En las declaraciones efectuadas por el mediador que da nombre al caso, Marcos Antonio Navarro Tacoronte señala que Fuentes Curbelo le pedía que “buscara más empresas” para la presunta red criminal.
Este intermediario sitúa tras el exdiputado a su sobrino Taishet Fuentes, que sucedió a su tío como director general de Ganadería del Gobierno de Canarias que y también ha sido detenido e imputado.
Los delitos investigados por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, son los de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal.
Según el informe de la Guardia Civil, el general Espinosa Navas comenzó a colaborar con el grupo criminal porque las gestiones que llevaban a cabo en “la parte ganadera comenzaron a enquistarse”, por lo que acudieron a él para que “sus contactos solucionaran los expedientes en trámite”, pues se sabía que “utilizaba sus influencias para conseguir contratos para los empresarios a cambio de dinero o regalos”.
Hasta entonces, la organización supuestamente se encargaba de extorsionar a ganaderos de Canarias, “manipular expedientes” sobre sus explotaciones y ejercer su influencia sobre los empresarios de este sector para obtener contratos públicos, entre otros fines; y, si no “entraban en el juego, se quedaban sin ayudas”, detalla otro de los informes que obran en la causa, a la que ha tenido acceso EFE.
El general Espinosa prometió a uno de los implicados contratos con importantes empresarios de Gran Canaria, a los que conoció durante su etapa al frente de la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas, así como para los países del Cuerno de África, ya que era el director del Proyecto Sahel, en una reunión que se celebró en el restaurante la Quinta de Madrid.
El Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil relata que el general tenía una amante en Canarias que intentó que fuera contratada como comercial por parte de dos de los hombres de negocios detenidos en la causa con un sueldo de 3.000 euros mensuales, pues pensaba que así cambio podría conseguir favores de un tío suyo, un relevante empresario de Gran Canaria, que no está imputado en los hechos.
El intermediario declaró que el general pensaba en su “futuro económico porque se iba a jubilar y tenía que buscarse un porvenir para él y para su amante”. En sus declaraciones ante la juez, Navarro Tacoronte reconoció que él entregaba a Espinosa un sobre cada vez que se veían, con dinero aportado por los empresarios previamente: de 1.500 a 3.000 euros por sobre.
No obstante, también detalló a la instructora que una vez le dio al general imputado un sobre con entre “19.000 y 20.000 euros”, procedentes del “Curita”, apodo con el que los miembros de la trama se referían al empresario Antonio Bauatista, otro de los detenidos e implicados en el caso.
Pero más que en efectivo, siempre según su versión, el general prefería recibir sus comisiones mediante tarjetas Correos Prepago Mastercard: “Me dais una tarjetilla de esas, acuérdate de traerme una”, le dijo el general al mediador en una de las conversaciones grabadas que se reproducen en el procedimiento.
En sus declaraciones ante la instructora, Navarro Tacoronte indicó además que, para presionar a los ganaderos canarios, el general consiguió que se enviase al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) a inspeccionar varias explotaciones en las islas, por lo que los extorsionados se veían obligados a pagar las comisiones exigidas.
En el informe recopilado por Asuntos Internos de la Guardia Civil, se indica que, al margen de las gestiones que llevara a cabo el general Espinosa con los empresarios peninsulares y canarios dentro de esta trama, consideraban relevante investigar los contratos públicos adjudicados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIPP), durante la etapa en las que fue director del proyecto europeo GAR-SI Sahel de formación a agentes de los países de ese área.
La empresa Asesoramiento y Servicio de Drones, vinculada al empresario valenciano José Santiago Suárez Esteve, al que apodaban “el Drones” y que también ha sido detenido por su supuesta implicación con el caso, recibió varios contratos de la FIIPP.
En otra de las conversaciones recogidas en las diligencias judiciales, Suárez Esteve reconoce que todo lo que hacía en “África es con Papá”, apodo con el que se conocía al general, recuerdan los investigadores.
En otro de los informes, los agentes que indagaron en las relaciones de los diferentes imputados concluyen que el caso Mediador es “solo la punta del iceberg” de una presunta red de corrupción que opera en Canarias y con ramificaciones en la península. EFE
