La Policía Canaria ha detenido este lunes a nueve empleados del centro de acogida de menores migrantes La Fortaleza I, en Santa Brígida (Gran Canaria), por su presunta implicación en delitos de lesiones, amenazas y atentados contra la integridad moral. La operación se ha desarrollado tras una orden del Juzgado de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, el único órgano judicial de España especializado en este tipo de delitos.
Desde primera hora, los agentes autonómicos han intervenido como Policía Judicial para llevar a cabo un registro del centro, en busca de pruebas que sustenten los graves indicios que han motivado su clausura y precinto. Las diligencias, aún bajo secreto de sumario, se enmarcan en una investigación que apunta a un patrón sostenido de malos tratos en el centro, actualmente gestionado por la entidad privada Quórum 77 para el Gobierno de Canarias.
Aunque en el pasado La Fortaleza I albergó a menores sujetos a medidas judiciales de reforma, en la actualidad operaba como centro de acogida para niños y adolescentes migrantes no acompañados, sin régimen disciplinario. Así lo ha aclarado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ha alertado del posible error inducido por la denominación del centro, que conserva el término “de reforma” en su nombre.
El juez instructor ha solicitado formalmente a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias que garantice la atención inmediata y el bienestar de los menores afectados por el cierre del centro. Según ha confirmado a EFE la directora general de Protección a la Infancia, Sandra Rodríguez, en los últimos tres meses su departamento ha exigido el despido de trabajadores implicados en situaciones de “falta de buen trato” en otros recursos similares, una respuesta que varias ONG han ejecutado de forma inmediata.
Rodríguez ha reconocido que han llegado a su departamento denuncias de “vulneraciones flagrantes del interés superior del menor” y que se ha actuado con firmeza para retirar de los centros a cualquier trabajador sospechoso de trato inadecuado.
Por el momento, la Policía Canaria continúa investigando y no se descartan nuevas detenciones. La gravedad de las acusaciones, que incluyen delitos de odio, omisión del deber de impedir delitos y amenazas, mantiene en alerta a las instituciones implicadas en la protección de menores.
