El Gobierno de Canarias y las organizaciones sindicales han alcanzado este jueves un acuerdo unánime para avanzar en la regulación del personal laboral de la Administración autonómica, tras la aprobación de un Plan Estratégico de Ordenación en el seno de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Personal Laboral. El consenso, logrado después de varios meses de negociación, marca un hito en las relaciones laborales del sector público canario y abre la puerta a una reorganización integral del colectivo, que representa cerca del 64% de los efectivos de la Administración general.
El acuerdo se ha cerrado en el marco de la Comisión Negociadora, órgano en el que están representados tanto la Administración como las organizaciones sindicales presentes en el Comité Intercentros de Personal Laboral. El plan estratégico consensuado establece las bases para una política estable y a largo plazo en materia de ordenación del personal laboral, una demanda histórica que llevaba más de una década sin una respuesta estructural.
El Ejecutivo autonómico, a través de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ya había anunciado en abril de 2025 su compromiso de impulsar un proceso de ordenación sólido y permanente. En aquel momento, la consejera responsable, Nieves Lady Barreto, subrayó el alcance del reto y la deuda pendiente con el colectivo: “Después de 15 años damos respuesta a una reivindicación histórica de más de 7.000 trabajadores, que representan el 64% de los efectivos de la Administración general”, afirmó entonces.
A partir de ese compromiso político, se constituyó una mesa de trabajo entre la Administración y los sindicatos con el objetivo de elaborar una propuesta de acuerdo que pudiera ser sometida a negociación colectiva. Tras varios meses de reuniones técnicas y de debate, la Comisión Negociadora celebró hoy una sesión decisiva en la que se logró el respaldo unánime de ambas partes al contenido del plan.
El Plan Estratégico de Ordenación del Personal Laboral se articula en torno a cinco ejes considerados esenciales. Entre ellos se incluyen el reconocimiento del derecho a la movilidad y a la promoción interna, la reducción progresiva del empleo público laboral temporal y la regularización del vínculo jurídico del personal laboral que actualmente desempeña funciones propias del personal funcionario. Asimismo, el documento contempla la planificación de los procesos de selección de las futuras generaciones de personal laboral, con el objetivo de adaptarlos a las necesidades reales de la Administración.
Otro de los aspectos clave del plan es la revisión del sistema de clasificación profesional. La propuesta plantea un nuevo modelo alineado con el sistema educativo actual y con las demandas organizativas y funcionales de la Administración pública canaria, una cuestión largamente reclamada tanto por los trabajadores como por los representantes sindicales.
La vigencia inicial del plan será de cuatro años. Para garantizar su correcta ejecución y seguimiento, el acuerdo prevé la creación de una Comisión Paritaria de Seguimiento, integrada por doce miembros, seis en representación de las organizaciones sindicales y seis designados por la Administración. Este órgano será el encargado de velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos y de supervisar el desarrollo de las distintas medidas.
Además, para cada uno de los cinco ejes de actuación se constituirá un grupo de trabajo específico. Estos grupos tendrán como misión analizar en profundidad cada ámbito y elaborar las propuestas concretas de actuación que deberán implementarse durante la vigencia del plan.
La sesión de la Comisión Negociadora ha estado presidida por el director general de la Función Pública, Francisco Javier Rodríguez del Castillo, quien trasladó a las organizaciones sindicales la voluntad de la Administración de poner en marcha de forma inmediata los órganos previstos en el acuerdo. Según indicó, la intención es constituir tanto la Comisión de Seguimiento como los grupos de trabajo “para poder iniciar cuanto antes las actuaciones”.
El texto consensuado será ahora sometido a los informes preceptivos correspondientes y, una vez superado este trámite, será elevado al Gobierno de Canarias para su aprobación formal y posterior publicación en el Boletín Oficial de Canarias, paso necesario para su entrada en vigor.
