El Gobierno de Canarias no ha identificado por ahora que el “caso Mediador”, relacionado con una supuesta trama de cobro de sobornos y extorsiones a empresarios, haya ocasionado perjuicio económico para las cuentas autonómicas.
El portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, así lo ha declarado tras la reunión del Consejo de Gobierno, en el que la consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende, ha explicado las dos vías de investigación que se han iniciado en su departamento.
Una de ellas, ha explicado Pérez, se refiere a la petición de la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife acerca de los expedientes relacionados con las ayudas recibidas por cuatro empresas durante el año 2016.
La otra investigación, que se ha iniciado a instancias de la propia Consejería, trata de analizar todos los expedientes, gestiones o ayudas tramitadas por los dos exdirectores generales de Ganadería imputados en este caso, Juan Bernardo Fuentes Curbelo y Taishet Fuentes, este último destituido el verano pasado por falta de confianza.
Para realizar esta última investigación, Pérez ha explicado que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca contará con la ayuda de la Inspección de Servicios pero ha adelantado que del análisis de los fondos propios de este departamento no se ha detectado ninguna anomalía dado que existen controles estrictos sobre estos gastos.
Pérez ha señalado que tampoco hay constancia de que, como ha indicado el mediador de este caso, Marcos Antonio Navarro Tacoronte, el Gobierno de Canarias tuviera conocimiento en 2022 a través de un funcionario de las presuntas irregularidades cometidas por los dos exdirectores generales de Ganadería.
Ha indicado que no se ha producido ni relevo de un funcionario, tal y como ha declarado el acusado que da nombre a este caso, ni el presidente del Gobierno ni la consejera de Agricultura han recibido alguna comunicación al respecto.
El portavoz ha reconocido que, al no verse por ahora perjudicado los fondos autonómicos en este caso, el Gobierno de Canarias no puede presentarse como parte afectada aunque ha señalado que todas las informaciones relativas a este asunto le producen “repugnancia” e “incomodidad”.
No ha querido pronunciarse sobre la puesta en libertad con cargos el presunto cabecilla de la trama, el exdiputado nacional del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, con la opinión contraria de la juez y ha aclarado que en asuntos judiciales, el Gobierno no puede opinar. EFE
