La continuidad del sistema MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) está en entredicho, dejando a 62.300 funcionarios en Canarias en un panorama de incertidumbre de cara al próximo 31 de enero. Esta situación plantea importantes preocupaciones sobre el acceso a la asistencia sanitaria de miles de trabajadores públicos y sus familias.
Una estructura en riesgo
MUFACE ha funcionado durante décadas como un modelo complementario al sistema público de salud, permitiendo que los funcionarios opten por atención sanitaria a través de aseguradoras privadas o el propio Sistema Nacional de Salud (SNS). Sin embargo, recientes incrementos de costes en los contratos con aseguradoras y la ausencia de garantías de continuidad tras la mencionada fecha han generado una crisis que pone en vilo el modelo.
El problema es más evidente en Canarias, donde ya se reportan casos de aplazamientos en citas médicas, retrasos en operaciones y dificultades para acceder a pruebas diagnósticas a través del sistema de mutualidades. La presidenta del GPVOX Canarias, Paula Jover, alertó en una intervención reciente que ni el Servicio Canario de Salud (SCS) ni MUFACE han emitido respuestas claras sobre cómo afrontarán esta transición.
Impacto potencial en el sistema público y privado
La desaparición o desmantelamiento de MUFACE no solo afectaría directamente a sus mutualistas, sino que tendría un efecto dominó en el sistema sanitario nacional. Se estima que hasta 21 hospitales privados podrían verse obligados a cerrar en 14 regiones de España, lo que agravaría la ya complicada situación de la sanidad pública, con un aumento previsible en las listas de espera y un acceso aún más limitado a especialistas.
Además, la pérdida de empleos en el sector sanitario privado podría ascender a 13.000 puestos, un golpe significativo para un sistema que enfrenta constantes desafíos estructurales y de recursos.
La necesidad de un análisis y medidas de protección
Especialistas y representantes de los trabajadores exigen un análisis detallado del impacto que tendría la desaparición de MUFACE en los servicios públicos de salud. También se insiste en la necesidad de garantizar la sostenibilidad económica del modelo para evitar que las aseguradoras abandonen este sector, lo que sería perjudicial tanto para los funcionarios como para la sanidad pública en general.
Desde distintos sectores, se aboga por preservar el sistema de mutualidades como una herramienta eficiente para aliviar la carga sobre el SNS y garantizar que los funcionarios continúen recibiendo una atención sanitaria adecuada.
