El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá y votará el próximo martes, 25 de noviembre, una proposición de ley registrada por Sumar para modificar la Ley de Vivienda de 2023 e impedir que empresas, fundaciones, fondos de inversión y, en general, personas jurídicas puedan comprar viviendas en España. La iniciativa, impulsada por el portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, pretende “poner freno” a lo que considera una dinámica especulativa creciente en el mercado inmobiliario, protagonizada —según afirma— por “socimis y fondos buitre”.
Ibáñez sostiene que para el grupo plurinacional de Sumar esta reforma es “prioritaria” y “urgente”, al entender que la concentración de vivienda en manos de grandes sociedades está reduciendo la oferta disponible para las familias y empujando los precios al alza. Según argumenta la formación, el derecho al disfrute de una vivienda se refiere a las personas físicas, únicas que pueden “experimentar el hecho de habitar”, una dimensión que —subrayan— se pierde cuando la propiedad se convierte en un vehículo de inversión.
La proposición apuesta por limitar la transmisión de la propiedad de viviendas, tanto en operaciones de compraventa como en herencias o donaciones, exclusivamente a personas físicas. Las personas jurídicas quedarían restringidas a la propiedad de inmuebles no residenciales, vinculados a actividades económicas de carácter primario, secundario o terciario.
Sumar asegura que la iniciativa cuenta con plena cobertura legal. “Esta propuesta lo que busca es poner freno a la especulación y es una propuesta sencilla, con encaje constitucional, con encaje en el derecho europeo”, defendió Ibáñez cuando presentó el texto en abril. El diputado mostró además su confianza en que la medida sea admitida a trámite por una “mayoría parlamentaria amplia”.
Aunque reconoció que le gustaría abrir el debate sobre cuántas viviendas puede acumular una persona, admitió que en este punto “no hay consenso”. Sin embargo, sí considera que existe un acuerdo transversal para limitar el peso de las sociedades y fondos de inversión en el mercado inmobiliario. “Estoy convencido de que el PNV y Junts se sienten cómodos diciendo adiós a los fondos buitre”, señaló, afirmando que la propuesta podría reunir apoyos que van “desde la extrema derecha hasta la izquierda parlamentaria”.
El debate del próximo martes será la primera prueba para esta iniciativa, que reabre un asunto central en la política española: el papel del mercado privado en el acceso a la vivienda y los límites al capital financiero dentro del sector residencial.
El Congreso de los Diputados de España debatirá una propuesta de ley que buscaría impedir que empresas y otras entidades jurídicas compren viviendas en el país. La iniciativa, impulsada por el partido Sumar, apunta a frenar la especulación inmobiliaria y la concentración de viviendas en manos de grandes sociedades, que según ellos, está empujando los precios al alza y reduciendo la oferta para las familias. La propuesta buscaría limitar la venta, herencia y donación de viviendas solo a personas físicas.
El primer requisito para comprar una vivienda es tener dinero,sino facilitan la compra seguirá el problema,especularán la mismo.
Coño y acaban de aprobar que en Canarias se puedan destinar los fondos de la RIC para que empresas puedan invertir en viviendas, aclárense porque esto ees Una coña marinera de despropósito descontinuado