El Congreso debatirá una reforma para impedir que fondos y empresas compren viviendas en España

Ibáñez sostiene que para el grupo plurinacional de Sumar esta reforma es “prioritaria” y “urgente”, al entender que la concentración de vivienda en manos de grandes sociedades está reduciendo la oferta disponible para las familias y empujando los precios al alza. Según argumenta la formación, el derecho al disfrute de una vivienda se refiere a las personas físicas, únicas que pueden “experimentar el hecho de habitar”, una dimensión que —subrayan— se pierde cuando la propiedad se convierte en un vehículo de inversión.

La proposición apuesta por limitar la transmisión de la propiedad de viviendas, tanto en operaciones de compraventa como en herencias o donaciones, exclusivamente a personas físicas. Las personas jurídicas quedarían restringidas a la propiedad de inmuebles no residenciales, vinculados a actividades económicas de carácter primario, secundario o terciario.

Sumar asegura que la iniciativa cuenta con plena cobertura legal. “Esta propuesta lo que busca es poner freno a la especulación y es una propuesta sencilla, con encaje constitucional, con encaje en el derecho europeo”, defendió Ibáñez cuando presentó el texto en abril. El diputado mostró además su confianza en que la medida sea admitida a trámite por una “mayoría parlamentaria amplia”.

Aunque reconoció que le gustaría abrir el debate sobre cuántas viviendas puede acumular una persona, admitió que en este punto “no hay consenso”. Sin embargo, sí considera que existe un acuerdo transversal para limitar el peso de las sociedades y fondos de inversión en el mercado inmobiliario. “Estoy convencido de que el PNV y Junts se sienten cómodos diciendo adiós a los fondos buitre”, señaló, afirmando que la propuesta podría reunir apoyos que van “desde la extrema derecha hasta la izquierda parlamentaria”.

El debate del próximo martes será la primera prueba para esta iniciativa, que reabre un asunto central en la política española: el papel del mercado privado en el acceso a la vivienda y los límites al capital financiero dentro del sector residencial.